En los últimos meses se han realizado acciones y omisiones sobre la reelección presidencial que constituyen un delito de traición a la patria de acuerdo con nuestra Constitución de la República.
En primer lugar, la suplantación de la soberanía popular por parte del Congreso Nacional al rechazar que el pueblo manifieste su poder constituyente sobre la reelección, quien es el único facultado para ello.
Y en segundo lugar, la inscripción de la candidatura del presidente Hernández pese a que el poder constituyente no se ha pronunciado y la Constitución manda como obligatoria la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la república.
La suplantación de la soberanía popular constituye delito de traición a la patria que se sanciona con reclusión de 15 a 20 años de acuerdo con nuestro Código Penal.
Frente a estas acciones, hay dos instituciones que tienen la responsabilidad de actuar. Primero, el Tribunal Supremo Electoral tiene la obligación de no inscribir la candidatura de Juan Orlando Hernández por la violación del principio de alternabilidad en el ejercicio de la presidencia.
Segundo, el Ministerio Público tiene la obligación de iniciar las investigaciones necesarias y presentar los requerimientos fiscales respectivos contra el presidente Hernández y contra todos aquellos funcionarios y funcionarias que permitan por acción u omisión la inscripción de su candidatura.
Sin duda alguna nos encontramos frente a un nuevo rompimiento del orden constitucional que difícilmente será revertido por la institucionalidad y a diferencia del 2009, esta vez el presidente Hernández tiene un control absoluto sobre el Estado y sus instituciones, incluyendo las Fuerzas Armadas que desafortunadamente son llamadas a garantizar la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia según el artículo 272 constitucional.
Como dice un viejo eslogan popular, “solo el pueblo salva al pueblo” y en este momento histórico de autoritarismos, solo una ciudadanía activa, pensante, crítica y consciente de sus derechos, podrá detener “la dulce dictadura” que desde el 2009 comenzó a implantarse y que a todas luces cada vez se convierte en una dictadura en toda su crudeza.
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