La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad
en Honduras (MACCIH) llegó al país en un ambiente de desconfianza por parte de
un amplio sector de la ciudadanía, particularmente de la que exigía en las
calles un órgano con facultades similares a las de la Comisión Internacional
contra la Impunidad en Guatemala.
La MACCIH se instaló con los objetivos de colaborar
activamente con las instituciones encargadas de prevenir, investigar y
sancionar la corrupción, y proponer reformas legales e institucionales dentro
del Sistema de Justicia y contribuir a fortalecer los mecanismos de rendición
de cuentas.
De acuerdo con el convenio firmado, el Estado de
Honduras está obligado a garantizar que la MACCIH tenga libertad de movimiento
y acceso en el territorio sin restricciones, asegurar la supervisión y
colaboración activa con las autoridades en las diligencias de investigar casos,
y garantizar pleno acceso a la información que guarde relación con una
investigación, en posesión de civiles o militares.
Seis meses después, la MACCIH aún no ha realizado
alguna acción contundente que permita a la ciudadanía pensar que pese a las
limitaciones de sus facultades, puede ser un elemento fundamental para la lucha
contra la impunidad y la corrupción.
Lo que sí hemos visto es la respuesta agresiva del
gobierno, específicamente del presidente Juan Orlando Hernández y del
presidente del Congreso Nacional Mauricio Oliva, quienes han dejado claro que
la MACCIH es un órgano extranjero que no tiene derecho a intervenir en los
asuntos internos del país. En concreto, el gobierno le ha dado tres bofetadas.
Primero, sobre el nuevo Código Penal ha hecho caso
omiso a las recomendaciones de la MACCIH al omitir establecer los tipos penales
sobre corrupción de acuerdo con los estándares internacionales, permitir poco
rigor respecto a las penas privativas de libertad en los delitos de corrupción
y consentir la aplicación de beneficios para quienes sean condenados por tal
delito.
Segundo, sobre la nueva Ley de Política Limpia, el
Congreso reformó el artículo acerca de la creación de la Unidad de
Transparencia que de acuerdo con la propuesta de la MACCIH debía ser dirigida
por una persona y no por tres como finalmente quedó, y cuya elección estará
fuertemente controlada por los poderes dentro del gobierno.
Tercero, sobre la elección del Tribunal Superior de
Cuentas, no se tomó en cuenta las recomendaciones de la MACCIH relativas a la
garantía de autonomía e independencia y no se conocieron los criterios de selección
ni las calificaciones asignadas a las personas postulantes.
Frente a esta situación, ¿qué hará la MACCIH? Lo que está claro es que
está siendo exhibida por el gobierno como un organismo débil y provocando mayor
desconfianza ciudadana.
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