miércoles, 28 de diciembre de 2016

Resultados de las audiencias públicas ante la Comisión Interamericana

Entre el 28 de noviembre y el 7 de diciembre de este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró su 159º Período Ordinario de Sesiones en Panamá, durante la cual celebró 37 audiencias públicas y 32 reuniones de trabajo sobre medidas cautelares y soluciones amistosas. En ellas participaron varias organizaciones hondureñas de forma individual, o aglutinadas en la Coalición contra la Impunidad.

Sobre Honduras se realizaron 3 audiencias públicas sobre la situación de los pueblos indígenas y el derecho a la consulta, sobre la situación de la justicia y las personas defensoras de derechos humanos, y sobre el seguimiento del mecanismo de protección de las personas defensoras de derechos humanos.

En relación con la situación de los pueblos indígenas y el derecho a la consulta, se denunció (a) la criminalización y judicialización que viven en las comunidades indígenas y las personas defensoras del derecho a la consulta previa; y (b) la pretensión estatal de privatizar y concesionar los ríos de sus territorios para crear proyectos mineros, hidroeléctricos, eólicos, entre otros.

Con respecto a la situación de la justicia y las personas defensoras de derechos humanos, se denunció que Honduras sigue siendo el país más peligroso de la región para quienes defienden los derechos humanos, quienes continúan siendo criminalizadas, estigmatizadas y difamadas por parte de altas autoridades del país.

En relación con la audiencia de seguimiento del mecanismo de protección de las personas defensoras, se reconoció que la aprobación de la ley de protección fue un paso importante, sin embargo, el mecanismo no ha significado una disminución de los atentados y amenazas que siguen sufriendo ni un avance en la investigación de los casos, y sigue faltando una participación efectiva de la sociedad civil.

Frente a todo ello, la CIDH le recordó al Estado hondureño la importancia del derecho a la consulta a la luz del Convenio 169 y según los estándares interamericanos desarrollados por ella y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La CIDH también ratificó su preocupación por la situación de las personas defensoras, “instó al Estado a hacer un reconocimiento público de su labor y su contribución al fortalecimiento de la democracia”, resaltó la necesidad de un mecanismo fuerte y eficaz de protección, e hizo un llamado a superar “la falta de participación de sociedad civil y la falta de transparencia de la información”.

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