Desde hace 8 años, el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras realiza un sondeo de opinión pública para conocer la opinión de la población sobre diferentes temas que afectan sus vidas y al país.
Una de las preguntas que siempre está presente en los sondeos es lo que piensan sobre el papel que juegan el Ministerio Público y el Poder Judicial. Cada año el porcentaje de la gente que brinda una respuesta similar es prácticamente el mismo.
8 de cada 10 hondureños y hondureñas considera que las y los fiscales, jueces, juezas, magistrados y magistradas protegen los intereses de las personas corruptas, ricas y poderosas del país, y apenas 2 creen que protegen los intereses generales de la sociedad.
Dicha percepción coincide con dos cuestiones señaladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en sus observaciones preliminares sobre su visita a Honduras en agosto del año pasado para conocer en el terreno la situación de los derechos y libertades.
Primero, los elevados niveles de impunidad y corrupción que han erosionado la confianza ciudadana en las instituciones públicas, y la desigualdad que está enraizada en un sistema que beneficia a unos cuantos que tienen relaciones con altas esferas del poder político y privado.
Segundo, que existe una justicia selectiva que actúa de manera tardía en unos casos y favorece ciertos intereses en otros. Así, se criminaliza a estudiantes, indígenas, personas defensoras de derechos humanos y del ambiente, y trata con guante blanco a personas corruptas y violadoras a derechos humanos.
Ejemplos claros de la justicia selectiva son los siguientes: El Ministerio Público no quiso acusar de asociación ilícita a quienes se asociaron para planificar y ejecutar el asesinato de Berta Cáceres, pero sí acusó de ese grave delito a 12 personas que defienden los ríos San Pedro y Guapinol.
La Corte Suprema de Justicia ordenó admitir un recurso a favor de Mauricio Oliva para detener las investigaciones en su contra realizadas por la UFECIC/MACCIH, mientras un juzgado de jurisdicción nacional, creado para perseguir criminalidad organizada, se declaró competente para acusar a la gente de Guapinol.
Indudablemente, debemos juntarnos y articularnos con valentía, reflexión, alegría y resistencia para rescatar nuestras instituciones públicas de quienes las usan para perseguir a quienes queremos un país justo y compartido, y proteger a los verdaderos criminales de este país.
Una de las preguntas que siempre está presente en los sondeos es lo que piensan sobre el papel que juegan el Ministerio Público y el Poder Judicial. Cada año el porcentaje de la gente que brinda una respuesta similar es prácticamente el mismo.
8 de cada 10 hondureños y hondureñas considera que las y los fiscales, jueces, juezas, magistrados y magistradas protegen los intereses de las personas corruptas, ricas y poderosas del país, y apenas 2 creen que protegen los intereses generales de la sociedad.
Dicha percepción coincide con dos cuestiones señaladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en sus observaciones preliminares sobre su visita a Honduras en agosto del año pasado para conocer en el terreno la situación de los derechos y libertades.
Primero, los elevados niveles de impunidad y corrupción que han erosionado la confianza ciudadana en las instituciones públicas, y la desigualdad que está enraizada en un sistema que beneficia a unos cuantos que tienen relaciones con altas esferas del poder político y privado.
Segundo, que existe una justicia selectiva que actúa de manera tardía en unos casos y favorece ciertos intereses en otros. Así, se criminaliza a estudiantes, indígenas, personas defensoras de derechos humanos y del ambiente, y trata con guante blanco a personas corruptas y violadoras a derechos humanos.
Ejemplos claros de la justicia selectiva son los siguientes: El Ministerio Público no quiso acusar de asociación ilícita a quienes se asociaron para planificar y ejecutar el asesinato de Berta Cáceres, pero sí acusó de ese grave delito a 12 personas que defienden los ríos San Pedro y Guapinol.
La Corte Suprema de Justicia ordenó admitir un recurso a favor de Mauricio Oliva para detener las investigaciones en su contra realizadas por la UFECIC/MACCIH, mientras un juzgado de jurisdicción nacional, creado para perseguir criminalidad organizada, se declaró competente para acusar a la gente de Guapinol.
Indudablemente, debemos juntarnos y articularnos con valentía, reflexión, alegría y resistencia para rescatar nuestras instituciones públicas de quienes las usan para perseguir a quienes queremos un país justo y compartido, y proteger a los verdaderos criminales de este país.
No hay comentarios:
Publicar un comentario