Desde el año 2003, Honduras ha sufrido un proceso de remilitarización de la sociedad y el Estado que se profundizó con el golpe de Estado.
La justificación fue el combate a la violencia y la criminalidad, pero el verdadero objetivo fue y es que los militares sirvan de sustento a un proyecto político narco-dictatorial representado en Juan Orlando Hernández.
A cambio, las Fuerzas Armadas, sobre todo su cúpula, reciben impunidad por la corrupción y las violaciones a derechos humanos cometidas, carta blanca para disponer sin rendición de cuentas grandes partidas del presupuesto público y mayor control sobre la institucionalidad del Estado.
Desde el ERIC-SJ y Radio Progreso advertimos que la estrategia de involucrar a los militares en la seguridad pública solo creaba un frágil espejismo de mejora en los niveles de seguridad, ya que, si bien se puede experimentar la remisión de la violencia en los primeros momentos del despliegue inicial, los datos revelan que pronto vuelve a arremeter con fuerza.
El Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras confirma este hecho al afirmar recientemente que la violencia en el año 2019 ha ocasionado un aumento en el número de muertes y que podría superar la cifra de los años anteriores.
Los sectores más vulnerables siguen siendo la niñez, la juventud y las mujeres, ya que el 55% de las muertes violentas son niños, niñas y jóvenes menores de 30 años. Por su parte, los femicidios han aumentado: hasta octubre de este año al menos 319 mujeres fueron asesinadas.
Se estima que entre el año 2006 y 2018 hubo 5,555 muertes violentas de mujeres, es decir, un promedio aproximado de 30 mensuales o una muerte diaria. El patrón en estas muertes incluye mutilaciones, desmembramiento de los cuerpos, violencia sexual y masacres.
El aumento de la violencia nos indica que la militarización de la seguridad pública no es la respuesta, al contrario, solo profundiza el autoritarismo, las violaciones a derechos humanos, la corrupción y la impunidad.
Es preciso comprender que la violencia está asociada con diversos factores de desigualdad social, económica, cultural y política, que seguirán profundizándose si no se abordan con políticas públicas que coloquen en el centro a la dignidad humana.
La justificación fue el combate a la violencia y la criminalidad, pero el verdadero objetivo fue y es que los militares sirvan de sustento a un proyecto político narco-dictatorial representado en Juan Orlando Hernández.
A cambio, las Fuerzas Armadas, sobre todo su cúpula, reciben impunidad por la corrupción y las violaciones a derechos humanos cometidas, carta blanca para disponer sin rendición de cuentas grandes partidas del presupuesto público y mayor control sobre la institucionalidad del Estado.
Desde el ERIC-SJ y Radio Progreso advertimos que la estrategia de involucrar a los militares en la seguridad pública solo creaba un frágil espejismo de mejora en los niveles de seguridad, ya que, si bien se puede experimentar la remisión de la violencia en los primeros momentos del despliegue inicial, los datos revelan que pronto vuelve a arremeter con fuerza.
El Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras confirma este hecho al afirmar recientemente que la violencia en el año 2019 ha ocasionado un aumento en el número de muertes y que podría superar la cifra de los años anteriores.
Los sectores más vulnerables siguen siendo la niñez, la juventud y las mujeres, ya que el 55% de las muertes violentas son niños, niñas y jóvenes menores de 30 años. Por su parte, los femicidios han aumentado: hasta octubre de este año al menos 319 mujeres fueron asesinadas.
Se estima que entre el año 2006 y 2018 hubo 5,555 muertes violentas de mujeres, es decir, un promedio aproximado de 30 mensuales o una muerte diaria. El patrón en estas muertes incluye mutilaciones, desmembramiento de los cuerpos, violencia sexual y masacres.
El aumento de la violencia nos indica que la militarización de la seguridad pública no es la respuesta, al contrario, solo profundiza el autoritarismo, las violaciones a derechos humanos, la corrupción y la impunidad.
Es preciso comprender que la violencia está asociada con diversos factores de desigualdad social, económica, cultural y política, que seguirán profundizándose si no se abordan con políticas públicas que coloquen en el centro a la dignidad humana.
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