La libertad de expresión es un derecho tan importante que, como lo señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos, constituye una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática, lo cual tiene tres implicaciones esenciales.
Primero, es necesaria para la formación de la opinión pública; segundo, es una condición para que quien desea incidir sobre la colectividad y las políticas públicas, pueda desarrollarse plenamente; y, tercero, es una garantía de que ningún poder pueda criminalizar a quien manifieste sus opiniones críticas.
Por tanto, la libertad de expresión asegura que la ciudadanía ejerza un contrapeso a los poderes establecidos. De ahí que su máximo respeto es lo que distingue a un régimen democrático de un régimen autoritario.
Un régimen democrático fomenta una ciudadanía crítica, dispuesta a juzgar el poder y sus prácticas solo si favorece el desarrollo de la dignidad humana; un régimen autoritario reduce los espacios de participación y crítica ciudadana.
Hay tres datos que demuestran el carácter autoritario del régimen hondureño. Amnistía Internacional ha señalado que en Honduras no hay espacio para que las personas expresen sus opiniones libremente y si lo hacen corren el riesgo de enfrentar toda la fuerza del aparato represivo del gobierno.
En la clasificación mundial de libertad de prensa elaborada por Reporteros Sin Fronteras, Honduras bajó cinco puntos, pasando del lugar 141 en 2018 al sitio 146 en 2019 entre 180 países, debido al escenario cada vez más peligroso para ejercer el periodismo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que el gobierno hondureño privilegia la represión frente al diálogo, todo conflicto, protesta o reivindicación es fuertemente reprimida y las personas son objeto de estigmatización, detenciones y procesos penales.
Solo en este contexto de autoritarismo es posible comprender que en el 2019 el asesinato de 6 personas periodistas y comunicadoras sociales engrosa la lista impune de más de 60 asesinadas desde el golpe de Estado de 2009.
Primero, es necesaria para la formación de la opinión pública; segundo, es una condición para que quien desea incidir sobre la colectividad y las políticas públicas, pueda desarrollarse plenamente; y, tercero, es una garantía de que ningún poder pueda criminalizar a quien manifieste sus opiniones críticas.
Por tanto, la libertad de expresión asegura que la ciudadanía ejerza un contrapeso a los poderes establecidos. De ahí que su máximo respeto es lo que distingue a un régimen democrático de un régimen autoritario.
Un régimen democrático fomenta una ciudadanía crítica, dispuesta a juzgar el poder y sus prácticas solo si favorece el desarrollo de la dignidad humana; un régimen autoritario reduce los espacios de participación y crítica ciudadana.
Hay tres datos que demuestran el carácter autoritario del régimen hondureño. Amnistía Internacional ha señalado que en Honduras no hay espacio para que las personas expresen sus opiniones libremente y si lo hacen corren el riesgo de enfrentar toda la fuerza del aparato represivo del gobierno.
En la clasificación mundial de libertad de prensa elaborada por Reporteros Sin Fronteras, Honduras bajó cinco puntos, pasando del lugar 141 en 2018 al sitio 146 en 2019 entre 180 países, debido al escenario cada vez más peligroso para ejercer el periodismo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que el gobierno hondureño privilegia la represión frente al diálogo, todo conflicto, protesta o reivindicación es fuertemente reprimida y las personas son objeto de estigmatización, detenciones y procesos penales.
Solo en este contexto de autoritarismo es posible comprender que en el 2019 el asesinato de 6 personas periodistas y comunicadoras sociales engrosa la lista impune de más de 60 asesinadas desde el golpe de Estado de 2009.
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