15 de julio de 2010
Honorable Hillary Clinton
Secretaria de Estado
Departamento de Estado de los Estados Unidos
2201 C Street NW
Washington, DC 20520
Estimada Señora Secretaria Clinton:
Nos dirigimos a usted con el propósito de expresar nuestra profunda preocupación respecto de las graves violaciones de los derechos humanos cometidas contra defensores de derechos humanos, activistas y periodistas en Honduras, las cuales han tenido lugar desde la asunción al gobierno de Porfirio Lobo Sosa el 27 de enero de este año. Muchas de las personas amenazadas, atacadas y asesinadas pertenecían al Frente Nacional de Resistencia Popular o se oponían de otra forma al golpe de estado que tuvo lugar el 28 de junio de 2009. Exhortamos al Departamento de Estado a condicionar el suministro de asistencia a Honduras a la realización de una inmediata investigación de estos casos y a la adopción de medidas efectivas para asegurar que se ponga fin a estos abusos.
Entre los asesinatos de activistas sociales ocurridos en 2010 mencionamos los siguientes: Julio Fúnez Benítez, dirigente sindical, asesinado por personas que se desplazaban en motocicleta; Claudia Maritza Brizuela, hija del dirigente sindical Pedro Brizuela, asesinada en su hogar; Francisco Castillo, activista; Juan Manuel Flores Arguijo, maestro, dirigente de la resistencia nacional, asesinado frente a sus alumnos; Adalberto Figueroa, dirigente ambiental, asesinado por hombres encapuchados; Gilberto Alexander Núñez Ochoa, dirigente de la resistencia; Pedro Antonio Durón Gómez, hermano de Arcadia Gómez, integrante del gabinete del Presidente Zelaya, y Vanessa Zepeda Alonzo, dirigente sindical, quien fue asesinada después de ser secuestrada al salir de una reunión sindical. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al menos siete de los ocho activistas estaban directamente asociados con la oposición al golpe de estado o a través de integrantes de su familia. Los activistas también han informado sobre ataques en los que se les ha amenazado por su actividad política. La CIDH también ha expresado su “profunda preocupación” por información recibida según la cual “se está secuestrando, atacando y amenazando a hijos de dirigentes del Frente de Resistencia, como estrategia para silenciar la resistencia.”
La violencia contra periodistas no tiene precedentes y Honduras se ha transformado en el país más peligroso del continente para el ejercicio de esta profesión. Durante el primer semestre de 2010 fueron asesinados ocho periodistas. Antes del golpe de estado del 28 de junio, el Comité de Protección de Periodistas registraba tres asesinatos de periodistas durante el período de seis años y medio que abarcó desde 2003 hasta mediados de 2009. "Esta ola de violencia mortal", según el Comité de Protección de Periodistas, "limita gravemente la capacidad de los medios de informar." Según el testimonio del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) ante el Subcomité del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes, los periodistas asesinados son: David Meza Montesinos de Radio América y Radio el Patio, quién había recibido amenazas por informar en relación con el narcotráfico y por su oposición activa contra el golpe de estado; Nahúm Palacios, director de noticias del Canal 5 de televisión de Aguán, quien había recibido amenazas de muerte después del golpe; Joseph Hernández Ochoa de Canal 51, asesinado a tiros mientras se desplazaba en su carro con otra periodista, Karol Cabrera, quien había denunciado haber recibido amenazas de los opositores al golpe, y que resultó herida; Manuel Juárez y José Bayardo Mairena, quienes habían informado en relación con conflictos por las tierras y el crimen organizado, asesinados a tiros en su carro en Olancho; Luis Antonio Chévez Hernández de Radio W105, junto con su primo, Julio Alberto Hernández; Jorge Alberto “Georgino” Orellana, quien había dejado su empleo en Televicentro por no estar de acuerdo con el apoyo que la emisora brindaba al golpe, asesinado a tiros en San Pedro Sula; y Luis Arturo Mondragón Morazán, propietario de 19 Paraíso TV. Los periodistas – incluido el personal de emisoras de radio y televisión que habían sido clausuradas o que habían sufrido acoso militar o policial después del golpe de estado del 28 de junio, tales como Radio Progreso y La Voz de Occidente – siguen enfrentando amenazas de muerte.
El gobierno hondureño no ha podido crear un clima en el cual los defensores de los derechos humanos, los activistas sociales y los periodistas puedan desempeñar libremente su importante labor. Los defensores de derechos humanos son el blanco específico de amenazas de muerte y otros actos de intimidación. La violación de los derechos humanos y de la libertad de expresión por parte del gobierno de facto generó una atmósfera en la cual los abusos son cada día mayores. Sin embargo, en los primeros seis meses de la administración Lobo, prácticamente ninguna de las violaciones que tuvieron lugar después del 28 de junio se está investigando seriamente. Por ejemplo, la CIDH ha observado que no se han castigado las detenciones arbitrarias de periodistas ni los abusos que tuvieron lugar cuando las fuerzas de seguridad ocuparon las emisoras de radio y televisión después del golpe. Asimismo, según la CIDH , los asesinatos, las amenazas y el acoso de periodistas y activistas ocurridos durante 2010 “no son objeto de investigaciones adecuadas por parte del sistema judicial.” Por cierto, durante su visita de mayo, la CIDH y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH declararon su “profunda preocupación por la falta de investigaciones eficaces que conduzcan a la aclaración de estos hechos.”
Además, el gobierno hondureño no ha podido implementar medidas de protección efectivas para las personas en riesgo según fue ordenado por la CIDH, éste órgano describe la respuesta del gobierno a las medidas como "escasa, tardía, deficiente y en algunos casos, inexistente.” La libertad de expresión también está sometida a las restricciones que impone CONATEL, la agencia de telecomunicaciones del gobierno, a través de la continuación de sus facultades (decreto ejecutivo #124-2009) para clausurar medios de prensa, y de acciones tales como la reciente destitución por parte de la Suprema Corte de Justicia de cuatro jueces que abiertamente se opusieron al golpe. No se trata solamente de las amenazas y de los ataques contra los defensores de los derechos humanos, los activistas sociales y los periodistas, se trata además de la falta de acción por parte del Estado de Honduras para hacer frente a estos abusos y realizar las reformas necesarias, todo lo anterior hace que se genere un efecto intimidatorio para el ejercicio de la libertad de expresión y de reunión.
Exhortamos al Departamento de Estado a denunciar de forma sistemática y pública las violaciones que tienen lugar en Honduras contra los defensores de los derechos humanos, los activistas sociales y los periodistas. Solicitamos a los Estados Unidos que se condicione el suministro de asistencia estadounidense a la adopción de medidas que demuestren el compromiso del gobierno hondureño de respaldar el estado de derecho. Esto abarca la investigación rápida y efectiva de las violaciones; la suspensión, investigación y el procesamiento inmediato de cualquier oficial de las fuerzas de seguridad que haya estado involucrado en tales acciones, ya sea por acción u omisión en el cumplimiento de sus deberes; el desmantelamiento de los grupos civiles armados que operando al margen de la ley participaron en tales acciones; y el eficaz establecimiento de medidas de protección de acuerdo con lo requerido por la CIDH. Adicionalmente, es necesario investigar y enfrentar la escalada de violencia que se produjo después del golpe de estado contra activistas LGBT y sus causas. Tal como señala la CIDH , destacamos que la existencia de una “Comisión de la Verdad y la Reconciliación ” “no exime en forma alguna al Estado de su responsabilidad internacional de investigar, procesar y castigar a través del sistema judicial a los agentes del Estado que hayan cometido violaciones de los derechos humanos.”
Además, exhortamos a la Embajada de los Estados Unidos a alentar las reformas necesarias, por ejemplo, la derogación del decreto ejecutivo #124-2009; el retiro del personal militar de funciones que no les corresponden, tales como la dirección de la agencia de telecomunicaciones y de inmigración; asegurar que los militares no ejerzan funciones de seguridad ciudadana, y asegurar que se implementen medidas para fortalecer la independencia del Poder Judicial. Finalmente, teniendo en cuenta la gravedad de las violaciones de los derechos humanos durante el último año, exhortamos al Departamento de Estado a alentar al gobierno hondureño para que acepte el establecimiento de una oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos con amplio mandato para fortalecer el estado de derecho y para que brinde su apoyo a dicha oficina luego de su establecimiento.
En la reunión con el Ministro de Relaciones Exteriores del Estado de Honduras Mario Canahuati, la cual tuvo lugar en abril, usted resaltó que Estados Unidos desea “trabajar con el gobierno y el pueblo de Honduras para retomar totalmente el camino de la democracia, el estado de derecho y el buen gobierno.” Todavía queda mucho por recorrer para que el Estado hondureño retome ese camino y el primer paso esencial es crear un clima en el cual los defensores de los derechos humanos, los activistas sociales y los periodistas puedan desempeñar su labor fundamental libremente.
Atentamente.
Rev. Michael Kinnamon, Ph.D
Secretario General
Consejo Nacional de Iglesias de Cristo en los Estados Unidos
Robert White
Presidente
Center for International Policy
Viviana Krsticevic
Directora Ejecutiva
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Jean Stokan
Director, Equipo de Justicia
Sisters of Mercy of the Americas
Jenny Atlee
Coordinadora
Quixote Center
James E. Winkler
Secretario General, Junta General de Iglesia y Sociedad
Iglesia Metodista Unida
Joy Olson
Directora Ejecutiva
Washington Office on Latin America
Sarah Stephens
Directora Ejecutiva
Center for Democracy in the Americas
Wayne S. Smith
Miembro numerario
Center for International Policy
Mark W. Harrison
Director, Programa de Paz con Justicia
Junta General de Iglesia y Sociedad Metodista Unida
Valerie Novak
Representante
Comisión para América Latina y el Caribe de la Comunidad Loretto
Abigail Poe
Subdirectora
Center for International Policy
Amanda Martin
Director
Guatemala Human Rights Commission/EE.UU.
David Kane
Asociado para América Latina y Justicia Económica
Oficina Maryknoll para Asuntos Globales
Stephen Coats
Director Ejecutivo
Proyecto de Solidaridad Laboral en las Américas (USLEAP)
Timi Gerson
Directora de Incidencia
American Jewish World Service
Sharon Hostetler
Directora Ejecutiva
Witness for Peace
Pam Bowman
Coordinadora Legislativa y de Investigación
SOA Watch
T. Michael McNulty, SJ
Director de Justicia y Paz
Conference of Major Superiors of Men (CMSM)
Tom Loudon
Miembro de la Junta Directiva
U.S.-Nicaragua Friendship Office
Martin Shupack
Director de Incidencia
Servicio Mundial de la Iglesia
Michael Neuroth
Defensor de Políticas sobre Temas Internacionales
Ministerios de Justicia y Testimonio, Iglesia Unida de Cristo
Mark Weisbrot
Co-Director Ejecutivo
Center for Economic and Policy Research
Tracey S. King
Presidente
Ecumenical Committee of English speaking Church Personnel in Nicaragua
Manuel Pérez Rocha
Asociada numeraria, Proyecto Economía Global
Institute for Policy Studies
Roz Dzelzitis
Directora Ejecutiva
May I Speak Freely Media
James Vondracek
Director Ejecutivo
Chicago Religious Leadership Network on Latin America
Cc:
María Otero, Subsecretaria de Democracia y Asuntos Mundiales
Michael Posner, Secretario Asistente de Estado para Democracia, Derechos Humanos y Derechos Laborales
Arturo Valenzuela, Secretario Asistente de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental
Embajador Hugo Llorens
Gregory Maggio, Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Derechos Laborales
David Wolfe, Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental
Christopher Webster, Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental
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