La semana pasada, la sociedad chilena quedó sorprendida a causa de las propuestas de indulto presentadas separadamente por las jerarquías de la Iglesia Católica y Evangélica en las que se incluía a los militares condenados por violación a los derechos humanos durante los 17 años de dictadura de Pinochet.
Si dichas propuestas se concretaran significaría que los militares condenados podrían dejar la cárcel y vivir en libertad como si nada hubiera pasado.
No obstante, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, aseguró que no indultará a militares condenados por violación de los derechos humanos ni a ninguna persona que haya sido condenada por crímenes de lesa humanidad.
Se debe resaltar que Piñera es un empresario multimillonario y miembro de la derecha chilena, pero con su decisión de no indultar a los militares nos recuerda que la defensa de los derechos humanos no es un asunto de izquierdas o de derechas, sino de compromiso con la dignidad humana, con la democracia y el Estado de derecho.
Asimismo, su decisión es una enseñanza que debería asumir la derecha hondureña y particularmente el gobierno de Lobo Sosa, quien en vez de depurar las instituciones estatales que están en manos de los golpistas, nombra a los altos jerarcas militares en instituciones claves del Estado, les aprueba una amnistía para limpiar sus crímenes, crea una comisión de la verdad para garantizar la impunidad y aumenta el presupuesto a la policía y el ejército, principales violadores a los derechos humanos desde el golpe de Estado.
A pesar de su retórica de unidad y de respeto a los derechos humanos, las acciones de Lobo Sosa demuestran que le importa más la defensa de los intereses de la oligarquía que la dignidad del pueblo hondureño.
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