El juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional española ha ordenado la detención de 20 militares y ex militares salvadoreños acusados de asesinar en 1989 a los jesuitas Ignacio Ellacuría, Amando López, Juan Ramón Moreno, Segundo Montes, Ignacio Martín Baró y a Joaquín López y López, y a Elba Julia Ramos y su hija Celina, de 16 años en la Universidad Centroamericana de El Salvador.
Para ello, el tribunal español ha expedido una orden de arresto internacional en la que solicita a la Policía Internacional, INTERPOL, capturar a los militares, entre los que se encuentran altos mandos de las Fuerzas Armadas salvadoreñas como un ex ministro de defensa, un ex jefe de la Fuerza Área, el jefe del Estado Mayor, un coronel y un teniente.
El juez Velasco emitió dicha orden bajo el principio de jurisdicción universal que permite que cualquier tribunal persiga penalmente los crímenes considerados más graves por la comunidad internacional aunque se hayan cometido en otro país en el que no existe voluntad ni capacidad para juzgarlos, tal y como sucedió en El Salvador y como sucede actualmente en Honduras.
A pesar de que las graves violaciones a derechos humanos cometidas desde el golpe de Estado están suficientemente documentadas por la Comisión Interamericana, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU y por la propia Comisión de la Verdad en cuyo informe señala claramente que los responsables son los altos mandos militares y policiales, hasta el momento ni siquiera la Fiscalía de Derechos Humanos ha realizado acciones serias para investigar y sancionar estos crímenes.
Por ello, aunque los violadores de derechos humanos en Honduras han logrado hasta el momento cubrirse de impunidad gracias a un régimen que los premia y a un sistema de justicia corrupto, el principio de jurisdicción universal abre una puerta imprescindible en la lucha por castigar a los victimarios.
La acusación contra los militares salvadoreños es un ejemplo de que la mano de la justicia universal tarde o temprano erosionará las bases sobre las que descansa la impunidad en Honduras.
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