La razón de ser del Estado y de un buen gobierno es asegurar las condiciones sociales, económicas, culturales, políticas y ecológicas para que todos los miembros de la sociedad puedan vivir dignamente y ejerzan libre y plenamente sus derechos humanos.
En este sentido, la base de legitimación política de los poderes públicos descansa en su capacidad y voluntad de cumplir con su doble deber de no empeorar las condiciones de vida de la población y de mejorarlas, lo cual responde a la clase de bienes o necesidades que tienen la obligación de garantizar.
Por un lado, los derechos civiles y políticos que sirven para defender o conservar las condiciones naturales de existencia de las personas, como la vida y las libertades; y por otro, los derechos económicos, sociales y culturales que sirven para adquirir condiciones de vida dignas, como el trabajo, la salud, la vivienda o la educación.
Con ello se pretende proteger a las personas frente al poder público, salvaguardar los intereses de los débiles frente a los más fuertes, tutelar las minorías marginadas o discrepantes frente a las mayorías, y proteger los intereses de las mayorías marginadas y empobrecidas frente a una minoría que concentra el poder político y económico.
Contrariamente a lo que sucede en un verdadero Estado de derecho, en el país se han profundizado las muertes violentas, torturas, feminicidios, encarcelamientos, hostigamientos y amenazas a defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas, líderes ambientalistas, indígenas y comunitarios, y la corrupción, que definen a Honduras como un Estado colapsado por el golpe de Estado y con una ciudadanía indefensa por la incapacidad y negligencia de unas instituciones que garantizan la impunidad de los victimarios.
Pero como no hay mal que dure cien años, el golpe de Estado encendió una llama en la conciencia de millones de hondureños y hondureñas que han comenzado a cuestionar la violencia, la exclusión, la pobreza y la falta de oportunidades, y nos estamos dando cuenta que otra vida en Honduras es posible.
Una vida en condiciones de dignidad que no es otra cosa que la posibilidad de que todas las personas se encuentren al amparo de la ley, sin temor a la discriminación ni a las represalias, gocen de libertad de opinión, de culto y de asociación, y se sientan libres del temor, de manera que la violencia y la pobreza no destruya su existencia y sus medios de vida.
Tenemos la esperanza de que tarde o temprano esa llama, alimentada por la organización y formación del pueblo hondureño, devorará todo lo viejo y permitirá el nacimiento de una nueva Honduras en donde nuestra niñez, sana, bien alimentada y educada, pueda volver a jugar en las calles.
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