Ante la falta de acciones
contundentes por parte del Estado para enfrentar los altos índices de violencia
en el país y la corrupción policial, la respuesta siempre es la misma: Los
militares a las calles para protegernos.
Bajo este esquema, los
sectores políticos que nos desgobiernan se empeñan en fomentar la participación
de los soldados en tareas que deben ser exclusivas de una policía civil e
intentan vendernos la idea de que los valores militares como la disciplina son
fundamentales para acabar con la violencia.
Así como presentaron a
los militares como los salvadores de la democracia en los años 80 y en el golpe
de Estado de 3 años, hoy se les presenta como los salvadores de la seguridad
ciudadana, evadiendo la propia historia que demuestra que la intervención
militar en asuntos de seguridad interna siempre viene acompañada de graves
violaciones a derechos humanos.
Las últimas pruebas de ello lo constituyen el
asesinato del adolescente Ebed Haziel Yánez a manos de militares que lo vieron
como un enemigo de guerra porque éste no se detuvo ante el retén militar. Su
acompañante, una muchacha que aún no ha sido reconocida, se encuentra
desaparecida.
Ahora, para maquillar la participación militar en
funciones policiales, el presidente del Congreso Nacional propone la creación
de una policía militar que no es otra cosa que la misma mona en diferente rama,
evadiendo que nuestros problemas de seguridad no se resolverán nunca si no se
adoptan medidas de garantía de derechos humanos tan importantes como el derecho
a la educación, a la salud, a la seguridad social, al trabajo, entre otros.
Si las políticas de seguridad no se centran en la
construcción de mayores niveles de ciudadanía, no colocan a la persona humana
como objetivo primario y no garantizan la seguridad humana y el desarrollo
humano, la violencia seguirá desangrando el país lentamente mientras los
políticos de turno le sacarán provecho cada 4 años con sus discursos de mano
dura.
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