El aumento progresivo
de los niveles de violencia e impunidad y el involucramiento de miembros de la
Policía Nacional en crímenes de gran impacto social como el de los jóvenes
universitarios Rafael Alejandro Vargas y Carlos Pineda en octubre de 2011, fueron el detonante
para que la sociedad hondureña exigiera una depuración y reforma integral del
sistema de seguridad y justicia.
El gobierno de Lobo Sosa anunció
el inicio de un proceso de reorganización y depuración de la Policía Nacional,
el Ministerio Público y el Poder Judicial, y se crearon nuevas instituciones
como la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Judicial (DIECP)
y la Comisión de Reforma a la Seguridad Pública (CRSP), a quien se le dio la
responsabilidad de diseñar, planificar y certificar el proceso de reforma integral
de la seguridad pública.
Pasado el tiempo, dicho
proceso no ha dado los resultados esperados debido a la nula voluntad política
para enfrentar la corrupción e impunidad. Así, la CRSP se ha limitado a ejercer
de comisión legislativa que elabora y presenta leyes sin que la sociedad tenga
claro sus contenidos, y sin que en definitiva se constituya en una verdadera instancia
rectora y coordinadora del proceso de reforma.
La DIECP continúa siendo
dirigida por dos funcionarios que han sido aplazados en las comparecencias ante
el Congreso Nacional y a pesar de haber renunciado y aceptadas sus renuncias,
el Consejo Nacional de Seguridad Interior ha retardado la presentación de una
terna para que el presidente Lobo seleccione al nuevo director y subdirector. Por
su parte, el secretario de seguridad no informa sobre los resultados de la
depuración policial y la información que da es a cuenta gotas y mediante escuetos
comunicados.
Y el Congreso Nacional,
aprovechando que el tema de seguridad es rentable electoralmente, se ha
dedicado a proponer leyes, reformas y la creación de nuevas instancias como el grupo élite de la Tropa de
Inteligencia y Grupo de Respuesta Especial en Seguridad (TIGRES), y la Policía
Militar de Orden Público (PMOP), con lo cual se legaliza la militarización de
la sociedad y el Estado se desvincula de los estándares internacionales en
materia de derechos humanos.
Claramente, el proceso
de reforma del sector justicia y seguridad atraviesa un momento crítico debido
a la falta de voluntad para implementar una política pública de seguridad que
establezca los lineamientos o cursos de acción para alcanzar el objetivo de
lograr una sociedad en paz y que requiere del Estado ocuparse de las diferentes dimensiones de los
problemas que originan la criminalidad y la violencia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario