La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó nuevamente al
Estado de Honduras por no adoptar medidas efectivas para proteger a los
defensores del ambiente. La primera sentencia data de abril de 2009 cuando el
Estado fue condenado por el asesinato de la ambientalista Blanca Jeannette
Kawas Fernández.
En esta ocasión, el tribunal regional declaró la responsabilidad
internacional del Estado por no haber cumplido con su deber de prevenir la
vulneración de los derechos del ambientalista Carlos Antonio Luna López, así
como por haber violentado la integridad personal de sus familiares.
Para la Corte Interamericana, el Estado debió maximizar esfuerzos y
utilizar todos los recursos disponibles y pertinentes para preservar la vida de
Carlos Luna, quien ya había denunciado amenazas a muerte en su contra.
Teniendo en cuenta que en los últimos años ha habido un aumento
considerable de violaciones a derechos humanos de defensores ambientalistas
quienes se oponen a la entrega de los bienes naturales a grandes empresas, la
sentencia en el caso Luna es una herramienta fundamental para minimizar los
riesgos, ya que el tribunal ordenó la adopción de una política pública integral
para su efectiva protección.
Después
de esta resolución, queda el desafío de que dicha política pública sea
implementada en el menor plazo posible hasta lograr que se proteja
efectivamente a los defensores y las defensoras de derechos humanos en general
y a los del ambiente en particular.
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