miércoles, 4 de diciembre de 2013

Una nueva manipulación mediática en materia de justicia e impunidad

El 18 de noviembre de 2010, la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional (OTP) anunció que iniciaba un examen preliminar sobre la situación en Honduras para analizar si las graves violaciones a derechos humanos cometidas durante el golpe de Estado, constituían crímenes de lesa humanidad.
A pesar de la trascendencia de este anuncio, los potenciales investigados y los sectores afines al golpismo le restaron importancia, intentando ocultar a la opinión pública las implicaciones políticas y jurídicas que conlleva el examen preliminar.
Y el movimiento de derechos humanos, con excepción de ciertas acciones puntuales e individuales de algunas organizaciones, no estableció espacios nacionales permanentes de reflexión y trabajo coordinado que ayudaran a concretar una estrategia nacional e internacional para convencer a la OTP de que en Honduras se cometieron crímenes internacionales.
Tres años después, la OTP hizo un anuncio importante en relación con Honduras. En primer lugar, concluyó que no hay dudas que se cometieron graves violaciones a derechos humanos atribuibles a las autoridades de facto encabezadas por Roberto Micheletti y Romeo Vásquez Velásquez.
En segundo lugar, manifestó que por el momento no hay base razonable para considerar que tales violaciones constituyen crímenes internacionales; y en tercer lugar, señaló que continuará analizando las denuncias que ha recibido para determinar si se han cometido crímenes de lesa humanidad después de la elección presidencial de 2010.
Los medios afines al golpismo junto con la cancillería de la República han presentado esta nueva información como una victoria estatal, ignorando que la OTP no investiga al Estado en sí, sino a los altos responsables civiles, militares y policiales del gobierno de facto.
También han mentido diciendo que esta es una sentencia que limpia la imagen de Honduras, sin tomar en cuenta que esta resolución es apenas el comienzo de una investigación que se mantiene abierta y que representa una nueva oportunidad para convencer a la OTP que en Honduras sí se cometieron crímenes de lesa humanidad.

De cualquier manera, si el movimiento de derechos humanos hondureño persiste en su incapacidad para promover acuerdos mínimos para impulsar un trabajo coordinado alrededor del examen preliminar de la OTP, es posible que dentro de poco observemos con impotencia el cierre definitivo de dicho examen y escuchemos el canto triunfal de los altos responsables del gobierno de facto y otros actores, que en este momento siguen siendo investigados por la OTP como presuntos criminales internacionales.

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