martes, 11 de marzo de 2014

Un mecanismo de vigilancia internacional en Honduras

La crisis de impunidad que veníamos arrastrando desde la década de los 80 se profundizó de forma alarmante después del golpe de Estado de 2009. La repetición de las violaciones a derechos humanos durante estos dos momentos históricos es el reflejo de la falta de investigación y condena de los responsables materiales e intelectuales de tales violaciones.
La impunidad que ha amparado a los victimarios les ha permitido ocupar cargos importantes dentro de las fuerzas de seguridad y los diferentes poderes del Estado y les ha dado la tranquilidad de que no hay consecuencias por sus abusos, por lo que pueden cometerlos siempre que se presente la oportunidad.
El poder judicial y las demás instituciones del sector justicia han sido autoras y cómplices de la arbitrariedad; por ello, el propio Estado hondureño ha reconocido la inoperancia de su sistema de justicia y ha propuesto dos mecanismos para que la comunidad internacional le asista en la lucha contra el flagelo de la impunidad.
En primer lugar, en el marco del Examen Periódico Universal ante el Consejo de Derechos Humanos solicitó a la Organización de Naciones Unidas la creación de una comisión internacional contra la impunidad.
Y en segundo lugar, tanto el gobierno de Pepe Lobo como el de Juan Orlando Hernández, solicitaron a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el establecimiento de un mecanismo u oficina permanente para dar seguimiento a los compromisos internacionales en materia de derechos humanos por parte de Honduras.
La experiencia en otros países demuestra que este tipo de mecanismos puede ayudar a dar pasos firmes en la lucha contra la impunidad, por ello es fundamental que las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos le demos seguimiento a los mismos y tomemos medidas para incidir e impulsar su establecimiento.

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