Los peligros de la concentración de poder

Uno de los requisitos fundamentales de un Estado de derecho es la división o separación de poderes. Esta exigencia constituye el resultado histórico de la lucha contra el absolutismo para evitar la concentración del poder. 

En ese sentido, los sistemas democráticos han desarrollado un sistema de equilibrios entre los tres poderes del Estado mediante el mutuo control y limitación, especialmente en lo que se refiere a la garantía de los derechos humanos. 

Así, en términos generales nuestra Constitución faculta al poder legislativo a crear las leyes que los poderes ejecutivo y judicial aplican y ejecutan en sus áreas respectivas; el poder judicial se encarga de la administración de justicia; y el poder ejecutivo se constituye en el administrador general del Estado. 

El artículo 4 constitucional establece que “la forma de gobierno es republicana, democrática y representativa. Se ejerce por tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, complementarios e independientes y sin relaciones de subordinación”.

Es importante dejar claro que esta división no debe entenderse como si los tres poderes no tuvieran ningún tipo de relaciones de cooperación entre ellos, todo lo contrario, al distribuirse y dividirse las funciones del Estado, se necesita de una serie de relaciones y controles recíprocos para lograr la finalidad misma del Estado: la dignidad humana. 

Sin embargo, desde hace dos años somos testigos de la peligrosa concentración de poder en las manos del presidente Juan Orlando Hernández y su entorno, quienes han logrado suficiente influencia sobre la actual Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia; elegir a un fiscal general y su adjunto, e integrar a un Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial cercanos al poder ejecutivo.

Pero también han logrado cooptar al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos; elegir a un procurador general de su confianza; y crear una Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia que responde directamente al Consejo de Seguridad y Defensa, que más que un órgano de coordinación, tiene todas las características de un supra gobierno presidido por el Presidente de la República.  

La creación de un cuerpo armado como la Policía Militar también entra en esta lógica. Si la oposición política en el Congreso Nacional y en las calles no asume con seriedad esta situación, estaremos en un punto sin retorno de deterioro y control institucional, y bajo un régimen con todas las formalidades de la democracia representativa, pero con una práctica autoritaria y excluyente.