Pese a
que formalmente se retornó a la democracia en los años 80, Honduras no ha podido
salir del abismo del autoritarismo, la pobreza, la desigualdad y la corrupción.
En un
poco más de 30 años hemos vivido épocas oscuras de desapariciones forzadas y
torturas, de golpes de Estado, de reducción del Estado al mínimo, de
fortalecimiento de los órganos represivos, de entrega de bienes naturales
estratégicos, de militarización y remilitarización y de terribles actos de
corrupción.
En dicha
materia, el Foro Social de la Deuda Externa de Honduras estima que el Estado
pierde entre 500 y 600 millones de dólares por año en corrupción. Para la
organización Transformemos Honduras, solo en las secretarías de Estado que
manejan mayor presupuesto, el costo de la corrupción anual es de 18 mil
millones de lempiras.
Y el más
reciente caso de corrupción que ha implicado el latrocinio del Instituto
Hondureño de Seguridad Social tiene unas dimensiones inimaginables y supera con
creces casos como el de la famosa carretilla, el robo descarado del presupuesto
de 4 años en solo 7 meses del gobierno de facto o los graves actos de
corrupción del gobierno de Callejas.
En un
país con dignidad, la sociedad de manera espontánea ya estaría masivamente en
las calles denunciando esta depredación, no obstante, pareciera que la
población no ve en la corrupción una relación de causa y efecto en la situación
de pobreza y desigualdad que vivimos.
Debemos
entender de una vez por todas que cada lempira que consume el latrocinio y que
engrosa las cuentas bancarias privadas es un recurso que se despoja a los
presupuestos de salud, educación, vivienda, seguridad alimentaria, empleo y vivienda.
Debemos
meternos en la cabeza que la corrupción contribuye a la masiva violación y negación de los derechos económicos, sociales
y culturales, es decir, a la muerte
por hambre, por falta de acceso a una vivienda adecuada y agua potable, por
desnutrición y enfermedades curables.
En
nuestro país la incidencia de la pobreza tiene una relación directa con los
altos índices de corrupción, y como lo señala la Convención Interamericana
contra la Corrupción, se socava la legitimidad de las instituciones públicas,
atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el
desarrollo integral de los pueblos.
¿Qué más esperamos para asumir la responsabilidad ciudadana de rescatar a Honduras de esa clase política y empresarial corrupta y depredadora?
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