El
presidente Juan Orlando Hernández declaró el 2015 como el año de la minería.
Con el apoyo del Banco Mundial y en coordinación con el alcalde de San Pedro
Sula, Armando Calidonio, ha organizado el evento “Honduras lista para la
minería” que se desarrollará en dicha ciudad el 12 y 13 de agosto.
El
objetivo de este evento es presentar al país como un paraíso para la inversión
minera, para lo cual se ha preparado el terreno mediante la aprobación de una
ley de minería que se basa en garantizar
la seguridad jurídica para las inversiones aunque entre en conflicto directo
con varios derechos humanos que el Estado hondureño está obligado a proteger,
respetar y garantizar.
Hasta el momento, se ha concesionado más del 33%
del territorio nacional y muchos proyectos mineros se han impuesto a las comunidades
sin consultárseles previamente, por lo que ante su oposición y denuncia, son
víctimas de amenazas, ataques violentos, intimidaciones, asesinatos y
criminalización.
Frente a este escenario, es fundamental que la
movilización social se organice bajo el discurso de los derechos humanos, particularmente
del derecho a la consulta y el consentimiento previo que requiere que ante
cualquier concesión y proyectos mineros el Estado de Honduras garantice 3
condiciones.
Que las comunidades sean consultadas de forma previa, libre,
informada y de buena fe; que no se ejecute ninguna concesión o proyecto sin que
se realice un estudio independiente de impacto social, económico, cultural y
ambiental; y que las comunidades se beneficien razonablemente de los mismos.
Las luchas ambientalistas a la luz del discurso de
los derechos humanos nos ayudan a dejar claro que no puede haber desarrollo sin
garantizar la protección de los derechos humanos de las poblaciones, la
promoción de las culturas ancestrales y comunales, y la gestión sostenible de
los bienes naturales.
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