Militares en estado de
ebriedad hirieron de bala a 3 habitantes del municipio de Wampusirpe en
la Mosquitia. Ocho militares violan a una mujer en Cofradía, Cortés.
Miembros de la Policía
Militar torturaron a dos trabajadores de la mina artesanal de la aldea San Juan
de Arriba, ubicada en el municipio del Corpus en Choluteca.
El director de Casa
Alianza, José Guadalupe Ruelas, fue golpeado salvajemente por elementos del
Ejército asignados a casa presidencial, acción que se suma a la golpiza que
recibió un miembro de la comunidad LGTB en San Pedro Sula por parte de
militares.
Militares secuestraron a un comerciante de los
mercados capitalinos a quien le exigieron una cantidad determinada de dinero
para no asesinarlo. El ex Comisionado Adjunto del Comisionado Nacional de los
Derechos Humanos, Nery Velásquez, fue detenido ilegalmente por miembros de la
Policía Militar.
Miembros de la Policía
Militar atacaron a tiros a una unidad de transporte público en
Tegucigalpa que no se detuvo ante un retén, provocando que 4 personas
resultaran heridas. Policías Militares agredieron a personal periodístico de
Televicentro en las afueras del Hospital Mario Catarino Rivas en San Pedro Sula.
Todos estos titulares son solo algunos de los
ejemplos que nos alertan una vez más que el involucramiento de las Fuerzas
Armadas en la gestión pública y la vida civil, crea más problemas de los que
resuelve, tiene un alto costo humano y profundiza los niveles de victimización.
Hoy más que nunca es fundamental exigir la
implementación de una de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la
Reconciliación, en el sentido de “revisar
la función de las Fuerzas Armadas, incluyendo la supresión de cualquier misión
de carácter político para las mismas, así como establecer claramente la
prohibición de utilizarse para funciones policiales, a no ser en caso de estado
de excepción, de conformidad con las prescripciones que al efecto establece el
sistema interamericano de protección de derechos humanos y bajo un control
judicial independiente”.
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