La nombres de la vergüenza y los nombres de la dignidad

Jamás olvidemos sus nombres: Jorge Alberto Rivera Avilés, José Tomás Arita Valle, Raúl Antonio Henríquez Interiano, Víctor Manuel Martínez Silva, Jorge Reyes Díaz, Rosa de Lourdes Paz Haslam, Jacobo Antonio Cálix Hernández, Edith María López Rivera, Carlos David Cálix Vallecillo, Marco Vinicio Zúniga Medrano, Gustavo Enrique Bustillo Palma, Rosalinda Cruz Sequeira, José Francisco Ruiz Gaekel, José Antonio Gutiérrez Navas y Oscar Fernando Chinchilla Banegas.

Todas estas personas formaron y forman parte de la actual Corte Suprema de Justicia que se convirtió en actor protagónico del golpe de Estado de 2009. Los últimos cinco conformaban la Sala de lo Constitucional que actuó con celeridad y diligencia para proteger al general golpista Romeo Vásquez Velásquez pero impuso múltiples dificultades y dilaciones a otras ciudadanas y ciudadanos hondureños cuyos derechos fundamentales se encontraban en riesgo.

Posteriormente, cuatro de ellos fueron destituidos ilegalmente por el Congreso Nacional bajo la presidencia de Juan Orlando Hernández, confirmándose el dicho popular que dice que “mal paga el diablo a quien bien le sirve”, y el último, Óscar Fernando Chinchilla Banegas, fue premiado por el régimen nombrándolo de forma ilegítima e ilegal Fiscal General del Estado para garantizar la impunidad. 

Todos los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia defendieron y participaron en la disolución del orden constitucional; demostraron su falta de compromiso con el Estado de derecho; y destituyeron ilegalmente a los jueces Adán Guillermo López Lone, Ramón Barrios Maldonado y Luis Chévez de la Rocha, y a la magistrada Tirza Flores Lanza, quienes tuvieron una posición digna e independiente frente a lo que constituyó un golpe mortal a la frágil democracia hondureña.

No olvidemos nunca los nombres de los 15 magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia que traicionaron su papel de garantes de la legalidad, de los valores democráticos y de la justicia, que con sus actos y omisiones demostraron su desprecio por la dignidad humana, y que toleraron y avalaron los crímenes del gobierno de facto, convirtiéndose en corresponsables de los mismos, ya que “dejar pasar el delito es tanto como extenderlo en la práctica”.

La sentencia López Lone y otros vs. Honduras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos constituye un hito histórico para el continente y el mundo pues por primera vez un tribunal internacional declara que lo que sucedió en Honduras fue un golpe de Estado y que la Corte Suprema de Justicia fue partícipe plena del mismo. Seguramente, esta será una de las sentencias más estudiadas por académicos, estudiantes y litigantes por su importancia para la democracia, el Estado de derecho y la independencia judicial.

A su vez, esta sentencia internacional también representa un señalamiento histórico para los 15 magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia hondureña que sacrificaron la dignidad de las víctimas en el altar de la infamia. Algún día el sistema de justicia en Honduras responderá únicamente a los mandatos constitucionales, y los crímenes cometidos, por ser imprescriptibles, serán perseguidos.

Mientras ese día llega, que esta sentencia sirva como una marca de vergüenza para tales magistrados y magistradas, y como una muestra de dignidad y de compromiso con la democracia de todas aquellas operadoras y operadores de justicia que hoy se ven reflejados en los jueces López Lone, Chévez de la Rocha, Barrios Maldonado y la magistrada Flores Lanza.