La Corte Interamericana de Derechos Humanos publicó
su sentencia en el caso López Lone y otros contra Honduras, relativa a la
destitución de los jueces Adán Guillermo López Lone, Ramón Enrique Barrios Maldonado
y Luis Chévez de la Rocha, y de la magistrada Tirza del Carmen Flores Lanza,
quienes fueron expulsados del Poder Judicial por manifestarse en contra el
golpe de Estado de 2009.
Uno de los puntos importantes que señala el
tribunal interamericano es que lo sucedido el 28 de junio de ese año constituye
un hecho ilícito internacional y como lo señala el Centro por la Justicia y el
Derecho Internacional, por primera vez, una corte internacional establece en
una sentencia que en Honduras hubo una ruptura del estado democrático y que el pleno
de la Corte Suprema de Justicia participó en el golpe de Estado.
Esta sentencia es una prueba contundente para que
el Ministerio Público inicie inmediatamente investigaciones penales contra los
militares y civiles que participaron en el gobierno de facto, y contra los
magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia que apoyaron el
golpe de Estado; pero ¿qué podemos esperar de una institución en la que el
Fiscal General, Óscar Chichilla, fue uno de los magistrados que participó en el
mismo y en la destitución ilegal de los jueces y la magistrada?
Otro punto importante de la sentencia es que los
jueces y la magistrada realizaron acciones legítimas a favor de los valores
democráticos y el Estado de derecho, y por lo tanto, cumplieron con su deber de
defender la democracia, todo lo contrario al papel cómplice del pleno de la
Corte Suprema de Justicia que, como lo señaló la Comisión de la Verdad y la
Reconciliación, “puso su actuación al servicio del Gobierno de facto
contribuyendo aún más al debilitamiento del sistema democrático y propiciando
un estado general de impunidad respecto a las violaciones de
los derechos humanos”.
Sin duda, esta sentencia representa una victoria
moral y jurídica no solo para Guillermo, Ramón, Luis y Tirza, sino también para
todos aquellos funcionarios y funcionarias judiciales que valientemente
cumplieron con su deber de defender la Constitución y los derechos de la
ciudadanía. Y al mismo tiempo, representa una bofetada ética para aquellos y
aquellas que se plegaron al poder de facto, guardaron silencio y se
convirtieron en cómplices y victimarios de los crímenes cometidos. Como mínimo
deberían sentir vergüenza.
Celebramos que la Corte Interamericana ordena la
reincorporación de los tres jueces y la magistrada, y que establezca que se les
violaron el derecho a la libertad de expresión, los derechos de reunión y
asociación, los derechos políticos, las garantías judiciales y el derecho a la
protección judicial, y el derecho a permanecer en el cargo en condiciones de
igualdad.
Esta sentencia nos recuerda la importancia para el Estado de derecho y
la democracia de la próxima elección de la nueva Corte Suprema de Justicia y
debería ser un llamado de atención a la Junta Nominadora en el sentido que en
sus manos está el seleccionar a 45 candidatos y candidatas idóneas para que en
el Congreso Nacional, aunque sea una elección política, los diputados y
diputadas no tengan otra opción que escoger a las personas más calificadas en
términos personales y profesionales.
No hay comentarios:
Publicar un comentario