Los altos responsables del Poder Judicial que
destituyeron ilegalmente a los jueces López Lone, Chévez de la Rocha y Barrios
Maldonado, y a la magistrada Flores Lanza, son los responsables directos de la
sentencia recaída contra el Estado de Honduras por parte de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos.
De acuerdo con la resolución de este tribunal
internacional, la Corte Suprema de Justicia inició procesos disciplinarios
contra los jueces y la magistrada debido a que realizaron actuaciones en contra
del golpe de Estado y a favor de la democracia, las cuales no solamente
correspondieron al ejercicio de un derecho sino también al cumplimiento del
deber de defender la democracia.
Para la Corte Interamericana los procesos
disciplinarios que concluyeron con la destitución de los jueces y la magistrada
constituyeron una violación de su libertad de expresión, derecho de reunión,
libertad de asociación y derechos políticos.
También constituyeron una violación a las garantías
judiciales y el derecho a permanecer en sus cargos en condiciones de igualdad, ya
que los procedimientos disciplinarios no estaban establecidos en la ley; el
Consejo de la Carrera Judicial era incompetente y sin independencia para
resolver recursos contra las destituciones; y la Corte Suprema de Justicia no era
imparcial para pronunciarse sobre las supuestas faltas de las víctimas.
De esta sentencia se deriva claramente que los
magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia son los principales
responsables de provocar la responsabilidad internacional del Estado.
Por tanto, la Procuraduría General de la República,
a través del abogado Abraham Alvarenga, tiene la obligación constitucional de demandarlos,
vía acción de repetición, para que paguen con sus patrimonios las implicaciones
económicas que tienen para el Estado las ilegalidades cometidas en este y otros
casos.
Como lo señala el doctor Edmundo Orellana, “no
cumplir con este mandato constitucional, convierte a la Procuraduría General de
la República, que es la responsable de actuar en este caso, en cómplice de
estas ilegalidades”.
La pelota está en el campo del procurador Alvarenga, a quien se le presenta la oportunidad para demostrar si está en su cargo para cumplir o no con la Constitución y las leyes.
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