Pese a la campaña mediática gubernamental de que
“ahora se puede caminar tranquilamente por las calles”, la realidad de
criminalidad a la que se enfrenta la gente de a pie es tan macabra que es
imposible convencer a la población de que “Honduras está cambiando”.
En este sentido, la teoría del político alemán
nazi, Joseph Goebbles, de que “una mentira repetida adecuadamente mil veces se
convierte en una verdad”, fracasa estrepitosamente en Honduras.
Las 4 masacres en solo cuatro días que dejaron 27
personas asesinadas refleja la tragedia diaria de la población y el rotundo
fracaso de la política de seguridad del gobierno de Juan Orlando Hernández
empecinado en militarizar hasta el espacio más pequeño de la vida nacional.
Es un fracaso y un error monumental seguir creyendo
que los militares son los guardianes de la democracia y de la seguridad cuando
se atribuye al narcotráfico y al crimen organizado el incremento de la violencia.
Debemos recordar que los militares siempre han
tenido el deber constitucional de proteger las fronteras marítimas, aéreas y
terrestres. Por eso hay que cuestionarse que si el narcotráfico ha aumentado su
poder, es lógico que hayan usado el espacio aéreo, marítimo y terrestre para
transportar la droga. ¿Y dónde han estado los militares que no se dieron cuenta
que ha habido un aumento del tráfico de drogas por las fronteras que ellos
tienen el deber de custodiar?
Argumentar que los militares son la salvación para
la lucha contra el narcotráfico ya que la Policía Nacional ha sido penetrada
por el crimen organizado, es darle más poder a quienes no pudieron o quisieron
combatir seriamente el tráfico de drogas por las fronteras que permanentemente han
estado bajo su control.
Militarizar la vida pública, debilitar a la Policía
Nacional con un supuesto proceso de depuración que mantiene a los criminales en
sus filas y provocar la falta de independencia, competencia e imparcialidad de
los entes de investigación y judiciales, son los ingredientes perfectos para
que germine con fuerza la impunidad, que no solo constituye una denegación de
justicia para las víctimas, sino que también envía un mensaje social de que la
violencia es tolerada por las autoridades.
Insistimos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que las Fuerzas
Armadas carecen del entrenamiento adecuado para el control de la seguridad
ciudadana, la cual debe corresponder exclusivamente a una fuerza policial
civil, eficiente, capacitada y respetuosa de los derechos humanos.
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