El artículo 60 de la
Constitución de la República establece que en Honduras no hay clases
privilegiadas y que todos los hondureños y hondureñas somos iguales ante la
ley.
Esta afirmación significa
que la ley es igual para todos y todas, lo cual constituye una promesa
constitucional y un llamamiento a todos los poderes públicos y a las personas a
trabajar por su cumplimiento pues solo así es posible construir una sociedad verdaderamente
democrática.
En ese sentido, la
igualdad de la que habla la Constitución es un valor supremo que es condición
para una convivencia ordenada, feliz y civil, y para que todos y todas vivamos
en libertad.
El caso del ex presidente
Callejas es una muestra más de que la promesa de igualdad ante la ley sigue
siendo una simple declaración de buenas intenciones que no ha podido ser
concretada debido a que la clase política hondureña se ha encargado de producir
una especie de legitimación social al abuso y a la impunidad.
Callejas representa a esa
subespecie ciudadana que se considera intocable y fiel practicante de la
expresión “El Estado soy yo”, en el sentido de creer legítima la manipulación de las
instituciones públicas a su favor pues piensa que no hay nada, ni el Estado
ni la sociedad, por encima de ella.
Mientras otros extraditables fueron capturados,
presentados a los medios de comunicación y al respectivo juez de extradición, y
enviados a Estados Unidos para responder por sus supuestos crímenes, a Callejas
no se le capturó ni se le incautó ningún bien y se le permitió, aunque
presionado, que viajara en avión privado para presentarse ante la justicia
estadounidense.
Sin duda alguna, la presión de Estados Unidos fue
tanta que a última hora el gobierno hondureño no tuvo otra opción que entregar
a una de las figuras más emblemáticas de la corrupción y la impunidad, y que
hasta hace poco se conducía y era tratada como si fuera un ciudadano inocente y
ejemplar.
La institucionalidad está tan deteriorada y
deslegitimada que ha tenido que venir un gobierno extranjero a mostrarle a un
“intocable” que en un Estado de derecho nadie debe estar por encima de la ley.
En esta ocasión, los intereses de justicia de Estados Unidos coinciden
con los intereses de la sociedad hondureña, ya que lo que los ciudadanos y
ciudadanas aspiramos es que de una vez por todas se cumpla la promesa
constitucional de que en Honduras no existan clases privilegiadas para poder
avanzar en la construcción de un país más justo y más solidario.
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