¿Quién denigra realmente al país?

En su reciente viaje a Estados Unidos, el presidente Juan Orlando Hernández “lamentó que haya hondureños empeñados en seguir poniendo en mal el nombre de Honduras ante las autoridades de Estados Unidos”, ya que, según él, “existe información a nivel de ONG y senadores de hondureños que tergiversan la verdad y aun sabiendo que con eso le hacen un enorme daño a Honduras lo siguen haciendo”.

Ante tales declaraciones es importante hacerle dos recordatorios al presidente, a todo su gobierno y a las instituciones públicas. 

En primer lugar, el Estado y sus instituciones son los responsables del respeto y garantía de los derechos humanos, para lo cual, tienen la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para prevenir las violaciones a tales derechos; en caso que no logre evitarlas, tienen el deber de investigar y sancionar a todos los responsables materiales e intelectuales de dichas violaciones; y tienen la obligación de reparar a las víctimas y adoptar medidas para evitar que los hechos violatorios se repitan. 

Por tanto, el gobierno del señor Hernández es el responsable en este momento histórico de garantizar una situación en la que los derechos y los valores democráticos sean respetados, pues es la única manera de enviar una imagen y un mensaje al mundo de que en Honduras las “cosas están cambiando”, y que todas las acciones públicas están siendo destinadas a hacer efectivo el mandato constitucional de asegurar a los hondureños y hondureñas “el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social” (artículo 1), y de respetar y proteger la dignidad de la persona humana como fin supremo de la sociedad y el Estado (artículo 59). 

En segundo lugar, así como el Estado es el principal responsable de respetar y garantizar los derechos, por lo general también es el principal responsable de sus violaciones. Por ello, existen órganos internacionales independientes que vigilan que los Estados cumplan con sus compromisos en esa materia, tal es el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la CIDH), que en su informe especial sobre Honduras publicado en diciembre de 2015, plantea una serie de circunstancias que señalan claramente que el gobierno del señor Hernández, con sus actos y omisiones, es quien denigra al país en el exterior.

De acuerdo con la CIDH, son preocupantes los alarmantes niveles de violencia que hacen de Honduras uno de los países más peligrosos del planeta y que afectan particularmente a la población joven. Es alarmante la existencia de desapariciones forzadas, de altos niveles de violencia de género y de graves conflictos agrarios. Además, preocupa la existencia de una situación de gran impunidad debido a la debilidad institucional, la corrupción y la falta de independencia del Poder Judicial. A su vez, es preocupante que exista una amplia gama de violaciones a los derechos humanos, que van desde la ocupación ilegal de tierras de comunidades indígenas, rurales y afrodescendientes, hasta la violación de los derechos laborales y actos de discriminación.

También hay una falta de investigación seria y efectiva, y persiste una grave impunidad en la que permanece la enorme mayoría de las violaciones a los derechos humanos, particularmente las amenazas y asesinatos contra aquellas personas que denuncian e informan sobre las mismas, y cuyos familiares en ocasiones también son amenazados, secuestrados, golpeados o asesinados. Para la CIDH, aún no se ha restablecido la institucionalidad democrática tras el golpe de Estado de 2009 y la militarización traducida en el involucramiento de las Fuerzas Armadas en una amplia gama de funciones del Estado representa un riesgo para la vigencia del Estado de derecho.

Los altos niveles de violencia tienen un particular impacto en los defensores y defensoras de derechos humanos, indígenas, mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas LGBTI, migrantes, operadores y operadoras de justicia, y periodistas y trabajadores de la comunicación. En el caso de estos últimos, la grave situación de inseguridad en la que laboran por el ejercicio de la libertad de expresión, los convierte en un grupo especialmente vulnerable.

Esta violencia es el resultado de varios factores entre los que destacan el incremento del crimen organizado y el tráfico de drogas, el reclutamiento de niños y adolescentes, una deficiente respuesta judicial que conlleva a la impunidad, la corrupción y a altos niveles de pobreza y desigualdad. Además, parte de esta inseguridad proviene del mismo cuerpo policial, de la policía militar y del ejército a través del uso ilegítimo de la fuerza, en algunos casos en complicidad con el crimen organizado.

En este sentido, es alarmante que esta situación de violencia generalizada en el país durante los últimos años ha conllevado a un incremento significativo de refugiados y en el número de solicitantes de asilo en otros países de la región, incluyendo niños, niñas, adolescentes y jóvenes no acompañados o separados de sus familias.

Es particularmente preocupante que estos índices de violencia e inseguridad se encuentran exasperados por la falta de políticas públicas integrales para dar frente a las desigualdades y exclusión social de grandes sectores de la población, entre los cuales, los grupos en condición de vulnerabilidad, debido a su discriminación histórica, enfrentan en forma persistente obstáculos en el goce pleno de sus derechos y una falta de acceso a la justicia.

Por su parte, las defensoras y los defensores de derechos humanos son blancos de ataques por parte de aquellas personas que han sido señaladas como responsables de violaciones a derechos humanos o de sectores y grupos que tienen intereses opuestos a sus causas. El riesgo a perder la vida o sufrir un daño a la integridad personal, ha ocasionado que un número importante de defensoras y defensores de derechos humanos cuenten con medidas de protección otorgadas por parte de la propia CIDH que urgen de una efectiva implementación por el Estado hondureño, algo que hasta el momento no se ha cumplido.

Los altos niveles de violencia persistente en el país han traído como correlación una elevada demanda de justicia que no ha tenido una respuesta eficaz por parte del Estado, configurándose una situación de impunidad estructural. Debido al fracaso para responder eficazmente a las denuncias de corrupción y vínculos con el crimen organizado de la Policía Nacional, el Estado ha enfocado sus esfuerzos en reformas legales e institucionales por medio de las cuales las Fuerzas Armadas han ido ganando participación en funciones que no necesariamente corresponden con su naturaleza. 

El gobierno de Hernández ignora intencionalmente que la propia CIDH y la Comisión de la Verdad y la Reconciliación han recomendado “revisar la función de las Fuerzas Armadas, incluyendo la supresión de cualquier misión de carácter político para las mismas, así como establecer claramente la prohibición de utilizarse para funciones policiales, a no ser en caso de estado de excepción, de conformidad con las prescripciones que al efecto establece el sistema interamericano de protección de derechos humanos y bajo un control judicial independiente”.

En este sentido, existe un proceso creciente de militarización para abordar la inseguridad que ha provocado, como lo señala el informe más reciente de Human Rights Watch, que a partir del gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, las denuncias de violaciones a derechos humanos cometidas por militares hayan aumentado considerablemente, y que solo entre 2012 y 2014 “policías militares han sido acusados de al menos nueve asesinatos, más de 20 casos de tortura y cerca de 30 detenciones ilegales”.

Para sostener este modelo de militarización se requieren importantes recursos financieros que en muchas ocasiones se asignan en detrimento de las partidas presupuestarias destinadas a garantizar los derechos a la salud y a la educación que, en sociedades tan desiguales como la hondureña, constituyen herramientas fundamentales para reducir las desigualdades y potenciar las capacidades básicas del ser humano, especialmente de los sectores más vulnerabilizados. 

Cuando se comparan las cifras entre los años 2015 y 2016, se evidencia que la partida conjunta consignada a Defensa y Seguridad es la única que ha experimentado un incremento del 6.8% al 8.8% (Lps. 13,736 millones) en el presupuesto nacional y es equivalente a la partida de la Secretaría de Salud (Lps. 14,385 millones). Como lo señala el Centro de Estudio para la Democracia, el gobierno “está destinando similar cantidad de recursos para compra de armas, vehículos o patrullas policiales y militares, uniformes militares, salarios para policías y militares, que lo que orienta a la compra de medicamento, equipamiento de hospitales públicos, mejoramiento de la infraestructura sanitaria, etc.”.

A la luz de estos pequeños ejemplos es necesario preguntarle al señor presidente, ¿quién denigra realmente al país? Los datos son contundentes y demuestran que usted y su gobierno son quienes verdaderamente deshonran al país y lo colocan en el altar del bochorno, de la vergüenza y de la deshonra por su falta de voluntad política para atacar efectivamente las causas estructurales de la violencia, la impunidad, la corrupción y las violaciones a los derechos humanos.