Desde que el presidente de facto Juan Orlando Hernández se encaramó seriamente en el poder, primero en el Congreso Nacional y después en el poder ejecutivo, ha mantenido un discurso militarista con el fin de construir una opinión pública favorable a la remilitarización del país y destinar importantes recursos financieros a las Fuerzas Armadas por encima de partidas esenciales como salud.
Desde el ERIC y Radio Progreso hemos venido denunciando que bajo esta lógica se ignora la reforma profunda e integral del sistema de seguridad y justicia, y solo se adoptan medidas cortoplacistas como el aumento de las penas y de la prisión, y la adquisición de un armamento costoso que convierte a soldados y policías en agentes de guerra cuyo efecto en la reducción de la criminalidad resulta cuestionable.
Aunque la violencia puede remitir en los primeros momentos del despliegue inicial, las graves violaciones a derechos humanos en el marco de la crisis postelectoral y las 5 masacres en las que perdieron la vida 18 personas en los primeros 13 días de este año, nos alertan de que la violencia pronto vuelve a arremeter con fuerza y que las denuncias sobre dichas violaciones aumentan de forma dramática.
Por mucho que los voceros del régimen de facto como el general René Orlando Ponce Fonseca y el diputado David Chávez mientan descaradamente e intenten hacer creer que son “casos aislados” o que las víctimas son las culpables por estar involucradas en cuestiones de droga, el modelo restrictivo de seguridad que nos han impuesto está destinado más a sostener al régimen que a brindar seguridad humana a la población.
La seguridad es un valor superior, meta de todo ser humano, indispensable para que se realicen las condiciones de una vida social inseparable de la dignidad humana, de sus libertades y derechos.
Por ello, mientras no exista una verdadera separación de poderes, una administración de justicia sólida y eficaz como producto de su imparcialidad e independencia, una política criminal congruente con los derechos humanos y una redistribución del presupuesto general de la república para mejorar las condiciones de vida de la gente, la seguridad seguirá siendo el privilegio de quienes se aferran al poder.
Desde el ERIC y Radio Progreso hemos venido denunciando que bajo esta lógica se ignora la reforma profunda e integral del sistema de seguridad y justicia, y solo se adoptan medidas cortoplacistas como el aumento de las penas y de la prisión, y la adquisición de un armamento costoso que convierte a soldados y policías en agentes de guerra cuyo efecto en la reducción de la criminalidad resulta cuestionable.
Aunque la violencia puede remitir en los primeros momentos del despliegue inicial, las graves violaciones a derechos humanos en el marco de la crisis postelectoral y las 5 masacres en las que perdieron la vida 18 personas en los primeros 13 días de este año, nos alertan de que la violencia pronto vuelve a arremeter con fuerza y que las denuncias sobre dichas violaciones aumentan de forma dramática.
Por mucho que los voceros del régimen de facto como el general René Orlando Ponce Fonseca y el diputado David Chávez mientan descaradamente e intenten hacer creer que son “casos aislados” o que las víctimas son las culpables por estar involucradas en cuestiones de droga, el modelo restrictivo de seguridad que nos han impuesto está destinado más a sostener al régimen que a brindar seguridad humana a la población.
La seguridad es un valor superior, meta de todo ser humano, indispensable para que se realicen las condiciones de una vida social inseparable de la dignidad humana, de sus libertades y derechos.
Por ello, mientras no exista una verdadera separación de poderes, una administración de justicia sólida y eficaz como producto de su imparcialidad e independencia, una política criminal congruente con los derechos humanos y una redistribución del presupuesto general de la república para mejorar las condiciones de vida de la gente, la seguridad seguirá siendo el privilegio de quienes se aferran al poder.
No hay comentarios:
Publicar un comentario