El nuevo Código Penal aprobado por el Congreso Nacional y que entrará en vigencia el próximo mes de noviembre, es un instrumento que contiene una serie de sombras que hacen peligrar aún más la defensa de los derechos humanos, pero también una serie de luces que pueden aportar a la lucha contra la impunidad.
Entre sus sombras, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos han manifestado su preocupación por las restricciones desproporcionadas que contiene en materia de libertad de expresión, libertad de prensa, derecho a la protesta y defensa de los derechos humanos.
En este sentido, este código formula determinadas figuras que parecen destinadas a criminalizar indebidamente conductas relacionadas con el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica y a afectar el ejercicio efectivo del derecho a la libertad de expresión, y la libertad de reunión y asociación, entre otros derechos.
No obstante, entre sus luces se encuentran dos nuevas figuras que contrastan con lo anterior y con la rebaja de las penas para narcotraficantes, corruptos y violadores. Se trata de los crímenes de lesa humanidad y el principio de responsabilidad del superior jerárquico que tarde o temprano pueden ser aplicados a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, particularmente a los altos mandos.
Estas figuras abren la puerta para que los responsables de las pasadas y actuales violaciones a derechos humanos puedan ser juzgados por crímenes de lesa humanidad porque forman parte de un ataque sistemático y generalizado contra la población civil, y en el marco de una política de Estado.
Además, los jerarcas policiales y militares pueden ser juzgados por los crímenes cometidos por sus subordinados porque tienen control y mando efectivo sobre ellos, tienen el deber de conocer acerca de tales crímenes y tienen la obligación de tomar las medidas necesarias y razonables para prevenir el crimen, hacerlo cesar o para castigar al autor.
Parece que este Código Penal lleva tres intenciones: primero, seguir criminalizando a quienes nos oponemos a la dictadura; segundo, proteger a narcos y corruptos; y, tercero, dejar la puerta abierta para que el régimen de Juan Orlando Hernández pueda entregar a ciertos jerarcas policiales y militares cuando la presión internacional le exija una rendición de cuentas por las violaciones a derechos humanos cometidas.
Entre sus sombras, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos han manifestado su preocupación por las restricciones desproporcionadas que contiene en materia de libertad de expresión, libertad de prensa, derecho a la protesta y defensa de los derechos humanos.
En este sentido, este código formula determinadas figuras que parecen destinadas a criminalizar indebidamente conductas relacionadas con el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica y a afectar el ejercicio efectivo del derecho a la libertad de expresión, y la libertad de reunión y asociación, entre otros derechos.
No obstante, entre sus luces se encuentran dos nuevas figuras que contrastan con lo anterior y con la rebaja de las penas para narcotraficantes, corruptos y violadores. Se trata de los crímenes de lesa humanidad y el principio de responsabilidad del superior jerárquico que tarde o temprano pueden ser aplicados a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, particularmente a los altos mandos.
Estas figuras abren la puerta para que los responsables de las pasadas y actuales violaciones a derechos humanos puedan ser juzgados por crímenes de lesa humanidad porque forman parte de un ataque sistemático y generalizado contra la población civil, y en el marco de una política de Estado.
Además, los jerarcas policiales y militares pueden ser juzgados por los crímenes cometidos por sus subordinados porque tienen control y mando efectivo sobre ellos, tienen el deber de conocer acerca de tales crímenes y tienen la obligación de tomar las medidas necesarias y razonables para prevenir el crimen, hacerlo cesar o para castigar al autor.
Parece que este Código Penal lleva tres intenciones: primero, seguir criminalizando a quienes nos oponemos a la dictadura; segundo, proteger a narcos y corruptos; y, tercero, dejar la puerta abierta para que el régimen de Juan Orlando Hernández pueda entregar a ciertos jerarcas policiales y militares cuando la presión internacional le exija una rendición de cuentas por las violaciones a derechos humanos cometidas.
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