En los últimos días diversos sectores políticos y empresariales han puesto de moda la palabra amnistía, que en su acepción original significa amnesia u olvido.
En este sentido, se han mostrado favorables a que el Congreso Nacional apruebe un decreto de amnistía para que tanto los responsables intelectuales y materiales del golpe de Estado del 28 de junio como el presidente constitucional Manuel Zelaya Rosales sean perdonados por los supuestos delitos cometidos.
En otras palabras, un decreto de amnistía implicaría un perdón general, dar vuelta a la página, olvidar el pasado y avanzar en el proceso de reconciliación nacional.
No obstante, se debe recordar que una amnistía sólo es posible para perdonar los delitos políticos como el de traición a la patria o la sedición pero nunca para perdonar los delitos relacionados con las violaciones a los derechos humanos, tal como ha sucedido en Honduras a partir del golpe de Estado en que los más elementales derechos han sido masiva y sistemáticamente violados por las fuerzas militares, policiales y paramilitares que sostienen al gobierno de facto.
Por tanto, el congreso nacional no está facultado para dictar cualquier legislación que tenga por efecto conceder impunidad a los responsables de los graves hechos que todos conocemos. En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido en diversas ocasiones que son inadmisibles los decretos de amnistía que traten de impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones arbitrarias, las detenciones ilegales, los asesinatos y las desapariciones forzadas.
El congreso nacional debería saber que en el marco del derecho internacional de los derechos humanos no todo lo que es legal en el ordenamiento jurídico interno lo es en el ordenamiento jurídico internacional, y más aún cuando están en juego asuntos tan importantes como la justicia y la verdad.
Tanto Pinochet en Chile como Fujimori en Perú aprobaron sendas leyes de amnistía que supuestamente aseguraban la impunidad de las violaciones a los derechos humanos que cometieron; sin embargo finalmente fueron llevados ante la justicia porque ese tipo de leyes son contrarias al derecho internacional y es legalmente imposible sostenerlas en el tiempo.
Para que exista un verdadero proceso de reconciliación es necesario que se investigue y sancione a los altos responsables civiles, policiales y militares del gobierno de facto, ya que no puede haber reconciliación nacional si antes no se castiga a los violadores de los derechos humanos del pueblo en resistencia democrática.
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