Red Morazánica de Información
Tegucigalpa. 17 Septiembre 2010. El Centro para la Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y de sus Familiares (CPTRT) pidió, ayer, en un comunicado, a la Secretaria de Seguridad (SS) que cese de violar la Ley de Policía y Convivencia Social, con la práctica incorrecta de vigilancia en operativos conjuntos de policías y militares.
De igual manera, solicita al Ministerio Público que cumpla con su papel garante “nombrando de manera permanente un fiscal que vigile in situ el desarrollo de estas prácticas y evite las acciones violatorias a derechos fundamentales”.
Según indica el CPTR:“Este tipo de prácticas policiales-militares no observa los principios, derechos y garantías consagrados en la Constitución de la Republica, los Tratados y Convenciones Internacionales, Ley Orgánica de la Policía Nacional, Ley de Municipalidades y otras leyes afines”.
Cuestiona que esos operativos no son una acción preventiva y “lo único que generan, son detenciones masivas y arbitrarias”; pues mientras ellos ocurren “se detiene y se registra de manera antojadiza a cualquier ciudadano”, sin que antes se haya definido el tipo de delito o de violencia que se pretende evitar.
Durante los operativos se decomisa cualquier objeto que el grupo del operativo “deducen puede ser utilizado para la comisión de un ilícito, por ende se convierte simplemente en un disfraz de efectividad policial”.
La falta de acción preventiva, y el decomiso ilegal del objeto que se presume será utilizado para cometer un delito, muestran de manera contundente que no responden a la práctica de una política de seguridad ciudadana y de prevención del delito, “constituida previamente que permita identificar la génesis criminológica en base a nuestra realidad y condiciones sociales”.
Se ha vuelto un ejercicio común de exceso policial dejando de lado la prohibición legal de esas acciones: la detención de personas que no portan identificación; la privación de libertad por 24 horas por la comisión de una falta; a pesar de que la ley indica “que puede ser hasta 24 horas”; exponer ante los medios de comunicación a personas detenidas, incluso menores de edad.
Tales prácticas violentan el derecho a la libertad ambulatoria, la presunción de inocencia, la integridad física y a la dignidad humana carece de sentido, explican.
El CPTR cuestiona a la SS que desde hace siete años, desde el 2003, realiza operativos combinados entre la Policía Nacional Preventiva y el Ejército, como estrategia para combatir la delincuencia, sin que hay a obtenido hasta la fecha “resultados sustentados en indicadores de progreso e impacto”.
La organización de derechos humanos, critica que la mayoría de esos operativos se han convertido en un espectáculo policial y militar al que la población tiene que enfrentar cuando se hace público como noticia de hechos “altamente violentos en el país”.
Cita el CPTR que miembros del ejército participan de forma ilimitada en esos operativos que de acuerdo con el artículo 25 de la Ley de Policía y Convivencia Social es atribución exclusiva de la Policía Nacional Preventiva y de la Policía Municipal.
Esa misma ley establece en su artículo 31 que las órdenes deben “fundarse en ley o reglamento, y que deberán ser claras, precisas y congruentes” además que deben ser “motivadas y escritas”, agrega el artículo 32.
“…y aún cuando por emergencia tuviese que hacerse de manera verbal, dentro del término de veinticuatro horas debe constar por escrito igualmente” añade el artículo 32 de esa misma a Ley de Policía y de Convivencia Social.
Sacrificar los derechos humanos de la población para garantizar una seguridad ciudadana que no vamos a disfrutar mientras no se enfrenten y resuelvan por parte del Estado las debilidades de documentación, investigación, y sanción de conductas ilícitas que existen en el sistema de justicia penal.
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