La reincorporación de Honduras a la OEA constituye en la práctica la legalización del golpe de Estado, ya que ni siquiera se le exigió al régimen de Lobo Sosa la depuración de las instituciones y la deducción de las responsabilidades correspondientes a quienes ordenaron y ejecutaron las graves violaciones a los derechos humanos.
Sin duda alguna, para la comunidad internacional el tema de Honduras es un asunto que ya no interesa demasiado pues se considera que su retorno al concierto americano de naciones normaliza definitivamente la situación a pesar de que el escenario de los derechos humanos reviste una gravedad sólo comparable con la época perdida de los años 80.
Ante ello, se nos presentan grandes desafíos en materia de justica y reparación que exigen como primer paso un diálogo nacional entre todas las organizaciones de derechos humanos, pero un diálogo que sea franco, sincero, respetuoso, desprovisto de protagonismos, personalismos y antagonismos que supere los obstáculos para la lucha articulada contra la impunidad.
En el marco de ese diálogo, es preciso elaborar estrategias nacionales para establecer hojas de ruta que nos permitan clarificar cuáles son las mejores posibilidades para exigir justicia en el ámbito internacional, y a partir de allí, fortalecer el trabajo coordinado mediante la creación de equipos técnicos en el área jurídica, comunicacional, investigativa y otras.
Un primer ejercicio de trabajo seriamente articulado lo puede constituir el anuncio del Fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, en relación con el inicio de un examen preliminar para comprobar si las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco del golpe de Estado son competencia de ese tribunal penal internacional.
En este sentido, es urgente y necesario que se puedan promover acuerdos mínimos para impulsar una alianza nacional que permita situar en el debate público el tema de los crímenes de lesa humanidad y dotar a la oficina del Fiscal Moreno Ocampo de los insumos necesarios para que llegue a la conclusión de que existe fundamento suficiente para abrir una investigación en torno a la responsabilidad penal internacional de los altos responsables del gobierno de facto y otros actores.
El desafío está sobre la mesa, ahora nos toca a quienes luchamos por los derechos humanos asumir la responsabilidad histórica de articularnos honestamente en nombre de la dignidad de las víctimas.
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