La semana pasada hemos sido testigos de una muy buena noticia. Un militar guatemalteco acusado de los delitos de genocidio y desaparición forzada, fue detenido el viernes 17 de junio por la Policía Nacional Civil y la Fiscalía de Derechos Humanos de Guatemala.
Se trata de Héctor Mario López Fuentes, un general retirado de 81 años que fungió como jefe del Estado Mayor del Ejército durante el gobierno de facto del dictador Efraín Ríos Montt, entre 1982 y 1983.
A este militar se le atribuye la responsabilidad de al menos 77 desapariciones forzadas durante ese período y su persecución penal obedece a una denuncia que familiares de las víctimas de la guerra civil guatemalteca presentaron hace 11 años.
Sin duda alguna, esta noticia representa un importante paso en la lucha contra la impunidad y una esperanza real de justicia para las víctimas, no sólo para las guatemaltecas, sino también para las víctimas hondureñas de la década pérdida de los años 80 y del golpe de Estado.
Y como la esperanza se nutre de noticias como estas, se espera que muy pronto tengamos una nueva noticia sobre el examen preliminar que realiza el Fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, que podría implicar una visita a Honduras para conocer personalmente la situación y comprobar que el Estado no tiene la capacidad ni la voluntad política para perseguir penalmente a los militares, policías y civiles que han cometido violaciones a derechos humanos, que por su gravedad, pueden constituir crímenes de lesa humanidad.
Ambas noticias son como una bocanada de aire fresco en medio de un ambiente plagado de la putrefacción que produce la corrupción judicial de jueces, magistrados y fiscales que han vendido su dignidad y que consuman la impunidad de los victimarios “bajo esa sensación de ternura que produce el dinero”, como poéticamente dijo Roberto Sosa.
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