El Estado y sus empresas públicas, que constitucionalmente se constituyeron
para ser un factor de integración y cohesión social, han sido convertidas en un
botín por parte de quienes nos han gobernado, y han sido utilizadas
fundamentalmente para premiar a aquellos y aquellas que han servido fielmente a
los intereses de quienes tienen el poder político, económico y social.
Al mismo tiempo, los sucesivos gobiernos han puesto en la
dirección o gerencia de las empresas estatales a personas incapaces y corruptas
con el objetivo de que sean conducidas a la quiebra, de desprestigiarlas ante
la población que hace uso de ellas y justificar de este modo su privatización.
Un ejemplo reciente de ello es lo que pasa con la Empresa Hondureña de
Telecomunicaciones (HONDUTEL) bajo la administración militar de Romeo Vásquez
Velásquez, quien fue premiado por el gobierno de Lobo Sosa por su importante
servicio al golpismo nacional y la defensa de sus intereses a través de la
represión militar y policial que ha producido graves violaciones a derechos
humanos consideradas crímenes de lesa humanidad por la propia Comisión de la
Verdad y la Reconciliación.
Pero a su vez, la administración del general golpista ha agravado la crisis
de HONDUTEL a tal punto que pese a la caída de los ingresos, incrementó los
gastos con 1,200 empleados más que seguramente son activistas políticos y
defensores del golpismo a quienes les habían prometido un puesto dentro de las
estructuras del Estado.
Durante la gerencia
de Vásquez Velásquez se produjeron pérdidas por 139.2 millones de lempiras y reducción de activos en 778.8
millones de lempiras, lo cual ha provocado la descapitalización de la HONDUTEL.
Frente a esta crisis, el gobierno realiza un circo mediático anunciando la
intervención de la empresa telefónica pero sin anunciar una investigación seria
y efectiva que determine la responsabilidad penal y civil del general.
Evidentemente, tal investigación es una utopía tal y como ha
sido hasta el momento la investigación y sanción del general golpista por su
participación activa en el rompimiento del orden constitucional y las graves
violaciones a derechos humanos.
Y lo peor de todo es que siendo un enemigo de la democracia y
sus valores, ha inscrito su propio partido para intentar alcanzar la primera
legislatura del país. Su papel frente al golpe de Estado y el descalabro de
HONDUTEL es un ejemplo claro de la incompetencia, corrupción y desprecio por la
dignidad humana de este militar.
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