viernes, 11 de enero de 2013

Las ironías de una institución fallida



Sólo en el año 2012, 12 abogados fueron asesinados en el país, a lo que se suma una larga lista de periodistas, campesinos, mujeres, niños y jóvenes menores de 23 años que pese a la tragedia que encierran, se convierten en simples estadísticas que hacen de Honduras el país más violento del mundo.
Sin duda alguna uno de los detonantes del aumento imparable de la violencia es la impunidad de los victimarios debido a la ineficacia de las instituciones del sector justicia para investigar seriamente y sancionar a los responsables intelectuales y materiales de estos crímenes.
Una de esas instituciones es el Ministerio Público que de acuerdo a la ley, entre sus fines se encuentran representar, defender y proteger los intereses generales de la sociedad; colaborar y velar por la pronta, recta y eficaz administración de justicia, llevando a cabo la investigación de los delitos hasta descubrir y sancionar a los responsables; y velar por el respeto y cumplimiento de los derechos y garantías constitucionales y por el imperio mismo de la Constitución y de las leyes.
Pese a que en sus inicios el Ministerio Público despertó grandes expectativas, poco a poco la clase política ha logrado secuestrarlo hasta convertirlo en una simple herramienta de quienes tienen el poder político y económico en Honduras. Sus actuaciones durante y después del golpe de Estado evidencian la degradación moral e institucional en la que ha caído y sin lugar a dudas, el actual fiscal general, Luis Rubí, y su fiscal adjunto, Roy Urtecho, son responsables directos del colapso de esta institución.
Es importante resaltar que el fiscal adjunto, Roy Urtecho, es también presidente del Colegio de Abogados de Honduras, y que ante el aumento de asesinatos de abogados y abogadas decidiera en reunión de junta directiva crear la Comisión de Derechos Humanos de los Profesionales del Derecho que presidirá Leo Valladares Lanza. Esta comisión, entre otras cosas, verificará y dará seguimiento a los casos en investigación para acelerar resultados.
Resulta paradójico que el propio fiscal adjunto en su condición de presidente del Colegio de Abogados decida crear este tipo de comisiones ya que implica un reconocimiento implícito de que la institución que él rectora junto con Luis Rubí, es inoperante para investigar y sancionar el delito. Evidentemente, dicha ineficiencia es responsabilidad de ellos dos como sus máximas autoridades.
En un verdadero Estado de derecho y con una ciudadanía madura políticamente, estos dos personajes hubieran sido destituidos e investigados; pero si los profesionales del derecho tienen en la presidencia de su gremio a un individuo como éste, qué se puede esperar de una ciudadanía de baja intensidad sometida constantemente a la violencia del hambre, de la enfermedad y del analfabetismo.

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