El 27
de abril del año pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró
por unanimidad en su sentencia “Pacheco Teruel y otros vs. Honduras, que el
Estado hondureño es responsable de la violación de la obligación de garantizar los derechos
a la vida y a la integridad personal, en perjuicio de las 107 personas privadas
de libertad que perdieron la vida en el incendio del centro penal de San Pedro
Sula en el año 2004.
A su vez, el tribunal regional señaló que el Estado de Honduras también
es responsable por la violación a los derechos a la integridad personal, a la
libertad personal y al principio de legalidad y de retroactividad, en perjuicio
de los 22 internos fallecidos que se encontraban en prisión preventiva en la
celda Nº 19 junto con personas condenadas; y responsable por la violación de
los derechos a las garantías judiciales, a la protección judicial y a la
integridad personal en perjuicio de los familiares de los internos fallecidos.
Una de las primeras medidas que el Estado debía de
adoptar como parte de la sentencia es la realización de un acto público de
reconocimiento de responsabilidad internacional el 17 de mayo de este año. Este
acto público oficial debía ser “llevado a cabo por el Presidente de la República con invitación a todo
el gabinete de gobierno, titulares de la Procuraduría General de la República,
de la Fiscalía General de la República y de la Corte Suprema de Justicia.
Además, la organización del acto deberá consensuarse con los representantes”.
No obstante, el Estado hondureño no cumplió este primer punto puesto
que el acto no lo realizó el 17 de mayo sino hasta el viernes 31 y tampoco
asistió el Presidente Lobo como máximo representante del Estado, con lo cual se
envió un mensaje simbólico de la falta de voluntad política de este gobierno y
de su falta de respeto para con las víctimas.
Aunque no se puede ignorar que se han dado algunos pasos para cumplir
otros puntos de la sentencia, particularmente en materia Legislativa y en el
nombramiento del Fiscal Ad Hoc para la investigación de los hechos, constatamos
con preocupación que se está a punto de vencerse el plazo para que el Estado presente
ante la Corte Interamericana su primer informe de cumplimiento y aún no se han concretado
temas tan importantes como la asignación presupuestaria para la construcción de
una nueva penitenciaria nacional en San Pedro Sula.
Los representantes de las víctimas estaremos atentos al cumplimiento
íntegro de la sentencia y mantendremos informado al respecto al tribunal interamericano
pues dicho cumplimiento implica la implementación de una política pública que
acabe con el infierno en el que se ha convertido el sistema penitenciario
hondureño.
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