Hace más de un año que el gobierno de Lobo Sosa anunció
con bombos y platillos un proceso de reorganización y depuración de los órganos
del sector justicia, es decir, la Policía Nacional, el Ministerio Público y el
Poder Judicial. Para ello se crearon nuevas instituciones como la Comisión de
Reforma de la Seguridad Pública y la Dirección de Investigación y Evaluación de
la Carrera Policial.
No
obstante, pasado el tiempo, dicho proceso de reorganización y depuración es un
total fracaso, lo cual refleja la falta de coordinación entre las instancias
correspondientes, la diversidad de agendas por los intereses políticos de
ciertos actores y la nula voluntad política para enfrentar la situación de
corrupción e impunidad.
La
Comisión de Reforma de la Seguridad Pública se ha convertido en una comisión
legislativa que se ha limitado a elaborar y presentar 7 leyes sin que la
sociedad tenga claro sus contenidos. Y en vez de ser la instancia encargada de
coordinar el proceso de depuración, se ha encerrado en sí misma y no ha dado
los resultados esperados.
La
Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial sigue siendo
dirigida por dos funcionarios que han sido aplazados en las comparecencias ante
el Congreso Nacional y a pesar de haber renunciado y aceptadas sus renuncias, el
Consejo Nacional de Seguridad Interior intencionadamente ha retardado la
presentación de una terna para que el presidente Lobo seleccione al nuevo
director y subdirector.
El nuevo
secretario de seguridad ha descalificado las pruebas de confianza realizadas
por expertos colombianos con el apoyo de Estados Unidos y ha comenzado a
hacerlas nuevamente con personal hondureño sin que hasta la fecha se conozcan
los resultados de las mismas, ya que ha decidido dar la información a cuenta
gotas y mediante comunicados oficiales sin posibilidad real de acceder a toda
la información pertinente.
Y el
Congreso Nacional, aprovechando que el tema de seguridad es rentable
electoralmente, se ha dedicado a proponer leyes, reformas y la creación de
nuevas instancias como la fuerza especial TIGRES, como si por decreto se puede
cambiar la realidad de violencia e impunidad que nos azota.
Todo ello
nos evidencia que no hay una política pública de seguridad que establezca los
lineamientos o cursos de acción para alcanzar el objetivo de lograr una
sociedad en paz, para lo cual se requiere que las autoridades se ocupen de las diferentes dimensiones de los problemas que originan
la criminalidad y la violencia.
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