La semana
anterior presentó su informe la Comisión Interventora del Ministerio Público que
durante 60 días ejecutó un proceso de evaluación, depuración, administración y
fortalecimiento de esa institución del Estado.
El informe
presentado al Congreso Nacional consta de 19 páginas y documentos anexos que
incluyen una evaluación al Ministerio Público en general, una evaluación a la
Fiscalía Especial contra la Corrupción y una evaluación a la Fiscalía Especial
de Derechos Humanos.
Los
hallazgos del informe de la Comisión Interventora se centran en la ausencia de
liderazgo institucional, la falta de coordinación y de credibilidad del
Ministerio Público, el manejo inadecuado del presupuesto, la falta de
protección a los fiscales, la ineficiencia e irresponsabilidad en la
investigación de los delitos y la existencia de un grupo privilegiado de
fiscales y otros empleados que han usado de forma exclusiva los recursos y que se
han beneficiado de ascensos y aumentos salariales arbitrarios.
En resumen,
la Comisión Interventora ha venido a confirmar lo que es un secreto a voces,
que el Ministerio Público se ha convertido en un nido de corrupción en el que
los últimos fiscales generales y adjuntos se han dedicado a comprar consciencias,
pagar favores políticos y darse la dolce
vita a costa de la sangre derramada y del sufrimiento de las víctimas.
Aunque este
informe se ha quedado corto en relación con las expectativas generadas, al
menos significa un reconocimiento oficial de la situación calamitosa en la que
se encuentra el Ministerio Público debido al desorden en el manejo financiero y
a la falta de eficiencia y responsabilidad al conducir y gobernar la
institución, para lo que recomienda, entre otras cosas, la realización de una
auditoría internacional.
Pero sobre
todo, nos deja a toda la sociedad un desafío toral en relación con la elección
del nuevo Fiscal General y su Adjunto en marzo de 2014, en el sentido de
garantizar que tal elección se realice “con transparencia y amplia
participación ciudadana, basada en los méritos profesionales, académicos,
éticos y de reconocida honorabilidad e idoneidad de los candidatos y candidatas
a ocupar dichos cargos”.
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