La semana pasada, la Secretaría de Justicia
y Derechos Humanos promovió la firma del llamado Gran Pacto Nacional por los
Derechos Humanos, en virtud del cual todos los candidatos presidenciales de los
partidos políticos deben comprometerse a respetar los derechos humanos en caso
de ganar las elecciones generales.
Esta iniciativa tiene el noble objetivo de
lograr que los candidatos incorporen en sus planes de gobierno la Primera
Política Pública y Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos; no obstante, la
primera cuestión negativa durante la firma de este pacto ha sido la ausencia de
Juan Orlando Hernández del partido Nacional y de Mauricio Villeda del partido
Liberal, quienes enviaron a sus respectivos designados presidenciales.
Su ausencia es sin duda una muestra clara de
la poca importancia que ambos candidatos le dan al respeto de la dignidad
humana, lo cual han demostrado con sus hechos con su apoyo al rompimiento del
orden constitucional en el 2009 y con la adopción de medidas desde el poder
gubernamental que afectan seriamente los derechos de la población.
Y la segunda cuestión negativa es la
presencia del general golpista Romeo Vásquez Velásquez como candidato del
partido Alianza Patriótica, quien en un acto de cinismo firmó dicho pacto como
si con la estampa de su firma pueden borrarse los graves crímenes ordenados por
él durante el golpe de Estado.
Sin duda alguna, la iniciativa de la
Secretaría de Justicia y Derechos Humanos es un acto necesario pero en un país
sin institucionalidad y con altos niveles de impunidad y corrupción, creer que una
simple firma va a comprometer a criminales sin escrúpulos puede considerarse un
acto de ingenuidad que raya con la complicidad.
Por ello es fundamental traer a colación y
hacer nuestras las palabras de Wilfredo Méndez, director ejecutivo del Centro
de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, quien era una de las
personas que presidía la mesa principal: “Debo dejar constancia como una
condena ética, frente a la incapacidad del sistema de justicia, nuestra
decisión de no acompañar con nuestra firma el pacto del señor Romeo Vásquez
Velásquez porque no es admisible para nosotros, avalar la palabra de un hombre
que lo tenemos demandado como violador de los derechos humanos, criminal de
lesa humanidad y así que todo político que se atreva a violar los derechos
humanos de nuestro sagrado pueblo deba ser condenado sino por la justicia,
entonces moral y éticamente por el pueblo”.
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