Aunque algunos
sectores están interesados en que no se hable más del golpe de Estado de 2009,
es importante denunciar que los efectos del rompimiento constitucional están
generando sus beneficios al militarismo hondureño, los cuales se traducen en
una remilitarización de la sociedad y la recuperación del poder casi absoluto
por parte de los militares sobre el poder civil.
En primer lugar,
en diciembre de 2011 se aprobó un decreto de interpretación del artículo 274
constitucional que faculta a las Fuerzas Armadas a realizar funciones policiales
cuando sea declarado un estado de emergencia en materia de seguridad. Hasta el
momento, se ha declarado un estado de emergencia que ha sido prorrogado en 3
ocasiones.
En segundo lugar,
en abril de 2013 se creó la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia
que se está convirtiendo en una estructura que escucha, ve, interviene, da
seguimiento y utiliza información de cualquier ciudadano sin que existan
verdaderos y efectivos controles judiciales..
En tercer lugar,
en junio de 2013 entró en vigencia el decreto 103-2013 que crea la policía
TIGRES, grupo de élite que desde una lógica militar realiza operaciones
especiales contra el crimen organizado y el terrorismo.
En cuarto lugar,
en agosto de 2013 se creó la Policía Militar de Orden Público que forma parte
de las Fuerzas Armadas y es una fuerza de choque facultada para entrar en zonas
conflictivas de las principales ciudades del país. En enero de 2014 se reformó
la Constitución para otorgarle rango constitucional.
En enero de 2014,
se aprobó la Ley de Secretos Oficiales que sanciona la divulgación de
información clasificada sobre seguridad y defensa; limita las funciones del
Instituto de Acceso a la Información Pública; y otorga facultades
discrecionales a cualquier ministro para declarar información en secretividad
por 20 años prorrogables.
Con el golpe de
Estado, los militares salieron de sus cuarteles y a casi 5 años, presenciamos
horrorizados el retroceso que experimenta nuestro país en materia de seguridad,
desarrollo, soberanía y derechos humanos.
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