La existencia
de un poder judicial competente, independiente e imparcial constituye un
elemento esencial para el fortalecimiento de la democracia y del Estado de
derecho, por lo que es necesario establecer procedimientos estrictos de
nombramiento y destitución de los miembros de la magistratura.
Pese a los esfuerzos para
despolitizar la designación de magistrados y magistradas a través del
procedimiento de la Junta Nominadora, la elección final sigue realizándose bajo
los mismos vicios de la lógica de repartición partidista y no basada en las mejores capacidades técnicas,
integridad moral y experiencia de los candidatos y candidatas propuestas.
Por ello
es que, como lo señaló la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre la
Independencia de Jueces y Abogados, “El Congreso Nacional de Honduras ejerce un
control considerable sobre el poder judicial, lo cual es incompatible con el
principio de separación de poderes y la independencia del poder judicial,
elementos fundamentales de toda democracia y de todo Estado de derecho”.
Al estar
a las puertas de la elección de la nueva Corte, lo ideal sería que se aprobara
la Ley de Audiencias Públicas, que se encuentra engavetada en el Congreso Nacional, para garantizar un
proceso de evaluación y selección transparente, confiable, participativo e
imparcial.
Pero como
en este momento ya es imposible por cuestiones de tiempo, la propuesta de la
Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) para asegurar un proceso de ese
tipo es más que oportuna y consiste en la emisión de un Reglamento de la Ley
Orgánica de la Junta Nominadora.
Entre
otras cosas, la propuesta de la AJD plantea una amplia participación de la
ciudadanía a través de la instalación de una veeduría social, la creación de un
procedimiento para conocer las hojas de vida de los candidatos y candidatas, la
posibilidad de interponer impugnaciones, y una explicación clara y motivada de
los méritos y capacidades de las 45 personas seleccionadas por la Junta
Nominadora.
Y
finalmente, la AJD plantea que la elección final de los 15 magistrados y
magistradas en el Congreso Nacional, se realice en el marco de un debate que
posibilite a la ciudadanía conocer las cualidades que se ponderan en cada uno
de los candidatos y candidatas; para ello se requiere que el listado de las 45
candidaturas se presente al Congreso por lo menos 1 mes antes de la elección.
La clase política
vuelve a tener una oportunidad de recuperar parte de la confianza ciudadana si
eligen transparentemente a la nueva Corte Suprema de Justicia. Pero también,
como nos exhorta la AJD, la ciudadanía tenemos la oportunidad de conformar un
frente común que nos permita tener incidencia real en el funcionamiento de la
Junta Nominadora y conseguir una elección que provoque cambios a favor de un Poder
Judicial verdaderamente independiente.
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