Recientemente, Amnistía Internacional publicó su informe anual 2019 sobre la situación de los derechos humanos en el continente americano. El común denominador es que la desigualdad, la corrupción, la violencia, la degradación ambiental, la impunidad y el debilitamiento de las instituciones son una realidad habitual.
Esta situación se traduce en violaciones a derechos humanos cotidianas y, frente a las exigencias de la ciudadanía, la mayoría de Estados responden con represión y haciendo uso excesivo de la fuerza policial y militar, con el fin de silenciar las reivindicaciones sociales. El resultado ha sido la muerte de 210 personas en el contexto de las protestas.
En el caso de Honduras, en el 2019 las fuerzas de seguridad reprimieron con brutalidad las manifestaciones pacíficas y las autoridades no garantizaron el derecho de reunión y la libertad de expresión. Más bien, para ejercer un mayor control y generar miedo, el gobierno de facto utilizó al ejército que demostró estar dispuesto a disparar contra las personas sin discriminación.
Frente a estos hechos criminales la impunidad es casi absoluta debido a que, como lo señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se aplica una justicia selectiva que actúa de manera tardía para perseguir estos crímenes. A su vez, otras instancias como la Secretaría de Derechos Humanos o el Comisionado Nacional de Derechos Humanos no han adoptado acciones contundentes.
En este sentido, Amnistía Internacional señala que la impunidad sigue siendo la norma en vez de la excepción en los casos de violaciones a derechos humanos. Por todo ello, para esta organización internacional Honduras es un país de mucha preocupación, junto a otros países como Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Ecuador, Chile, Colombia y Haití.
Viendo cómo ha comenzado este año, todo parece indicar que el 2020 será otro año trágico para la democracia y los derechos humanos. Sin embargo, la salida a esta crisis siempre estará en manos de la ciudadanía, que en tantas ocasiones ha demostrado valentía para evidenciar a los criminales que nos gobiernan y que nos roban el presente.
Esta situación se traduce en violaciones a derechos humanos cotidianas y, frente a las exigencias de la ciudadanía, la mayoría de Estados responden con represión y haciendo uso excesivo de la fuerza policial y militar, con el fin de silenciar las reivindicaciones sociales. El resultado ha sido la muerte de 210 personas en el contexto de las protestas.
En el caso de Honduras, en el 2019 las fuerzas de seguridad reprimieron con brutalidad las manifestaciones pacíficas y las autoridades no garantizaron el derecho de reunión y la libertad de expresión. Más bien, para ejercer un mayor control y generar miedo, el gobierno de facto utilizó al ejército que demostró estar dispuesto a disparar contra las personas sin discriminación.
Frente a estos hechos criminales la impunidad es casi absoluta debido a que, como lo señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se aplica una justicia selectiva que actúa de manera tardía para perseguir estos crímenes. A su vez, otras instancias como la Secretaría de Derechos Humanos o el Comisionado Nacional de Derechos Humanos no han adoptado acciones contundentes.
En este sentido, Amnistía Internacional señala que la impunidad sigue siendo la norma en vez de la excepción en los casos de violaciones a derechos humanos. Por todo ello, para esta organización internacional Honduras es un país de mucha preocupación, junto a otros países como Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Ecuador, Chile, Colombia y Haití.
Viendo cómo ha comenzado este año, todo parece indicar que el 2020 será otro año trágico para la democracia y los derechos humanos. Sin embargo, la salida a esta crisis siempre estará en manos de la ciudadanía, que en tantas ocasiones ha demostrado valentía para evidenciar a los criminales que nos gobiernan y que nos roban el presente.
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