La crisis provocada por el Coronavirus viene a desnudar una crisis mayor que sufre Honduras: un sistema de salud pública que ha venido deteriorándose a vista y paciencia de los diferentes gobiernos, y cuyo desmantelamiento se ha profundizado durante el régimen de Juan Orlando Hernández para promover su privatización.
A pesar que la salud tiene una doble naturaleza en tanto derecho humano y servicio público reconocido a nivel constitucional, el actual régimen se ha encargado de reducir dramáticamente su presupuesto, de privatizar los servicios más básicos y de precarizar las condiciones laborales del personal médico y de enfermería.
La propia Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia señala que el derecho a la salud es una condición existencial de la vida digna, ya que a las personas no se les debe una vida cualquiera, sino una vida saludable y que no debe existir excusa alguna para que no se le reconozca su derecho inalienable a la salud.
Por ello, el Estado tiene la obligación de realizar las acciones precisas, eficaces y eficientes para estar al frente de una acción preventiva que se adelante al acaecimiento de hechos que produzcan daños a la salud física y mental de la población, y proporcionar los tratamientos, medicamentos y la facilidad de acceso y realización de todo tipo de exámenes médicos y otros.
La crisis del Coronavirus evidencia que el Estado ha fallado estrepitosamente con esta obligación. La Plataforma para la Defensa de la Salud y Educación lo ha venido denunciado insistentemente y no ha parado de exigir que las autoridades públicas garanticen la dignidad humana mediante el efectivo cumplimiento del derecho a la salud.
Esta crisis que apenas se asoma, debe ser una oportunidad para retomar con fuerza las demandas sociales aglutinadas en la Plataforma para la Defensa de la Salud y Educación que se concretan en la construcción de un sistema de salud público gratuito, universal y eficiente. Para ello se requieren dos pasos:
Un primer paso a mediano y largo plazo es la redistribución del presupuesto de la República para que nunca más se priorice la militarización de la vida nacional por encima del derecho a la salud y se utilicen esos recursos en la construcción de un eficiente sistema nacional de salud público, gratuito y universal.
Y un paso urgente es que se destinen los 170 millones de lempiras mensuales que se recaudan con la tasa de seguridad para proteger a la población de esta crisis sanitaria. No es moralmente aceptable que casi el 90% de esos recursos se vayan a manos de militares y policías, mientras nuestro sistema de salud pública está en harapos.
A pesar que la salud tiene una doble naturaleza en tanto derecho humano y servicio público reconocido a nivel constitucional, el actual régimen se ha encargado de reducir dramáticamente su presupuesto, de privatizar los servicios más básicos y de precarizar las condiciones laborales del personal médico y de enfermería.
La propia Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia señala que el derecho a la salud es una condición existencial de la vida digna, ya que a las personas no se les debe una vida cualquiera, sino una vida saludable y que no debe existir excusa alguna para que no se le reconozca su derecho inalienable a la salud.
Por ello, el Estado tiene la obligación de realizar las acciones precisas, eficaces y eficientes para estar al frente de una acción preventiva que se adelante al acaecimiento de hechos que produzcan daños a la salud física y mental de la población, y proporcionar los tratamientos, medicamentos y la facilidad de acceso y realización de todo tipo de exámenes médicos y otros.
La crisis del Coronavirus evidencia que el Estado ha fallado estrepitosamente con esta obligación. La Plataforma para la Defensa de la Salud y Educación lo ha venido denunciado insistentemente y no ha parado de exigir que las autoridades públicas garanticen la dignidad humana mediante el efectivo cumplimiento del derecho a la salud.
Esta crisis que apenas se asoma, debe ser una oportunidad para retomar con fuerza las demandas sociales aglutinadas en la Plataforma para la Defensa de la Salud y Educación que se concretan en la construcción de un sistema de salud público gratuito, universal y eficiente. Para ello se requieren dos pasos:
Un primer paso a mediano y largo plazo es la redistribución del presupuesto de la República para que nunca más se priorice la militarización de la vida nacional por encima del derecho a la salud y se utilicen esos recursos en la construcción de un eficiente sistema nacional de salud público, gratuito y universal.
Y un paso urgente es que se destinen los 170 millones de lempiras mensuales que se recaudan con la tasa de seguridad para proteger a la población de esta crisis sanitaria. No es moralmente aceptable que casi el 90% de esos recursos se vayan a manos de militares y policías, mientras nuestro sistema de salud pública está en harapos.
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