Una sentencia ejemplar

El pasado 27 de junio de 2012 la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró, por unanimidad, que el Estado del Ecuador es responsable por la violación de los derechos a la consulta, a la propiedad comunal indígena y a la identidad cultural del Pueblo Indígena Sarayaku, por haber permitido que una empresa petrolera privada realizara actividades de exploración petrolera en su territorio, desde finales de la década de los años 1990, sin haberle consultado previamente.

El Estado ecuatoriano también fue declarado responsable por haber puesto gravemente en riesgo los derechos a la vida e integridad personal de los miembros de este pueblo indígena ya que permitió acciones desde las fases de exploración petrolera, inclusive con la introducción de explosivos de alto poder en varios puntos de su territorio.

Esta sentencia ejemplar debe ser objeto de estudio obligatorio por quienes luchan contra la entrega abusiva por parte del gobierno actual de grandes extensiones del territorio nacional para que empresas nacionales o extranjeras realicen diferentes proyectos relativos a la extracción minera, la explotación del bosque, la construcción de hidroeléctricas, la creación de grandes zonas de turismo en el caribe hondureño o la construcción de ciudades modelo.

Como sabemos, estas concesiones se han realizado sin cumplir con los parámetros establecidos por el tribunal interamericano en el sentido que cuando un Estado permita concesiones para la explotación de recursos naturales debe garantizar la participación efectiva de los miembros de los pueblos en relación con todo plan de desarrollo, inversión, exploración o extracción que se lleve a cabo dentro de sus territorios; que dichos pueblos se beneficien razonablemente del plan que se lleve a cabo; y que no se emita ninguna concesión dentro de tales territorios a menos y hasta que entidades independientes y técnicamente capaces, bajo la supervisión estatal, realicen un estudio previo de impacto social y ambiental.

Nadie niega que el Estado tiene la libertad de otorgar concesiones para explotar sus recursos y abrirse a las inversiones internacionales, pero siempre y cuando lo haga respetando los derechos humanos de las comunidades en cuyos territorios se han de realizar tales concesiones; esta sentencia en relación con la consulta previa, representa una herramienta jurídica más en la larga lucha por la defensa de nuestros territorios y nuestros recursos naturales.

Golpista, quebrador de empresas y candidato presidencial

El Estado y sus empresas públicas, que constitucionalmente se constituyeron para ser un factor de integración y cohesión social, han sido convertidas en un botín por parte de quienes nos han gobernado, y han sido utilizadas fundamentalmente para premiar a aquellos y aquellas que han servido fielmente a los intereses de quienes tienen el poder político, económico y social.

Al mismo tiempo, los sucesivos gobiernos han puesto en la dirección o gerencia de las empresas estatales a personas incapaces y corruptas con el objetivo de que sean conducidas a la quiebra, de desprestigiarlas ante la población que hace uso de ellas y justificar de este modo su privatización.

Un ejemplo reciente de ello es lo que pasa con la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL) bajo la administración militar de Romeo Vásquez Velásquez, quien fue premiado por el gobierno de Lobo Sosa por su importante servicio al golpismo nacional y la defensa de sus intereses a través de la represión militar y policial que ha producido graves violaciones a derechos humanos consideradas crímenes de lesa humanidad por la propia Comisión de la Verdad y la Reconciliación.

Pero a su vez, la administración del general golpista ha agravado la crisis de HONDUTEL a tal punto que pese a la caída de los ingresos, incrementó los gastos con 1,200 empleados más que seguramente son activistas políticos y defensores del golpismo a quienes les habían prometido un puesto dentro de las estructuras del Estado.

Durante la gerencia de Vásquez Velásquez se produjeron pérdidas por 139.2 millones de lempiras y reducción de activos en 778.8 millones de lempiras, lo cual ha provocado la descapitalización de la HONDUTEL. Frente a esta crisis, el gobierno realiza un circo mediático anunciando la intervención de la empresa telefónica pero sin anunciar una investigación seria y efectiva que determine la responsabilidad penal y civil del general.

Evidentemente, tal investigación es una utopía tal y como ha sido hasta el momento la investigación y sanción del general golpista por su participación activa en el rompimiento del orden constitucional y las graves violaciones a derechos humanos.

Y lo peor de todo es que siendo un enemigo de la democracia y sus valores, ha inscrito su propio partido para intentar alcanzar la primera legislatura del país. Su papel frente al golpe de Estado y el descalabro de HONDUTEL es un ejemplo claro de la incompetencia, corrupción y desprecio por la dignidad humana de este militar.

Decálogo del caudillo democrático

Mar 13/04/2010 - 15:45 

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Por: 

 Jorge Volpi (Voltairenet.org)

1.- Utilizar la palabra 'Democracia' en toda ocasión, cada vez que sea posible, machaconamente, sin importarle las medidas que adopte.

2.- Utilizar la palabra 'Cambio' en toda ocasión, cada vez que sea posible, machaconamente, sin importar las medidas que adopte.

3.- Acusar a todos los adversarios como “antidemocráticos”.

4.- Presentarse como una persona normal, capaz de entender los problemas de la gente, nunca como un político profesional (por más que haya pasado los últimos veinte años en la política) y emplear siempre un lenguaje coloquial (de preferencia trufado con palabras altisonantes, frases populares y dobles sentidos).

5.- Vituperar una y otra vez la política y a los políticos y denunciar con violencia las prácticas corruptas del antiguo régimen (aunque se haya formado parte de él).

6.- Hablar despectivamente de “lo que se decide” en México, o en Lima, o en La Paz, o en Buenos Aires, o en Bogotá, o en Washington, o en cualquier otra capital.

7.- Arremeter contra los privilegios de los ricos (aunque en secreto se pacte con ellos), defender la soberanía en contra de los espurios intereses extranjeros (mientras se hacen negocios con toda clase de empresas transnacionales); y señalar, de vez en cuando, algún intento golpista diseñado para detener el cambio.

8.- Presentarse como la única persona en el universo capaz de combatir el crimen y acabar con la impunidad (pese a pactar en secreto con distintos grupos criminales o proteger a sus subordinados aunque conozca sus actos delictivos).

9.- Mandar al diablo a las instituciones y señalar su complicidad con los enemigos de la democracia.

10.- Prometer un nuevo orden legal que por fin recogerá la voluntad democrática de la nación (aunque en realidad sólo busca acrecentar el propio poder) y de preferencia exigir la aprobación de un nuevo texto constitucional.

Una condena internacional con luces para Honduras

La semana anterior, la Sala de Primera Instancia I de la Corte Penal Internacional condenó al ex líder  rebelde congolés Thomas Lubanga a 14 años de prisión en el primer e histórico juicio de este tribunal internacional.

Como líder de la Unión de Patriotas Congoleños y comandante en jefe de su rama militar, las Fuerzas Patrióticas por la Liberación del Congo, Lubanga fue acusado por haber cometido el crimen de guerra de alistar y reclutar menores de 15 años de edad y utilizarlos para participar activamente en las hostilidades en la provincia del este de la República Democrática del Congo, entre septiembre de 2002 y agosto de 2003.

El juicio de Lubanga y esta histórica sentencia en su contra es un fuerte mensaje a los actuales y futuros criminales de que la impunidad no será tolerada. Por ello, esta sentencia debe ser tomada con entusiasmo por quienes luchan contra la impunidad en Honduras, ya que las graves violaciones a derechos humanos cometidas durante el golpe de Estado están siendo objeto de un examen preliminar por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.

No obstante, este entusiasmo debe traducirse urgentemente en la promoción de acuerdos mínimos para impulsar una articulación nacional que permita dotar a la oficina de la Fiscalía de este tribunal internacional de los insumos necesarios para que concluya que existe fundamento suficiente para abrir una investigación en torno a la responsabilidad penal internacional de los altos responsables del gobierno de facto y otros actores.

Si bien esta sentencia sirve de manera general para transmitir a la clase dirigente mundial el mensaje de que aquellos que incurran en delitos atroces no quedarán impunes, en el caso particular de Honduras también debería servir para que aquellos y aquellas que luchamos por los derechos humanos asumamos la responsabilidad histórica de articularnos de una vez por todas en nombre de la dignidad de las víctimas que siguen esperando justicia.

Noticias que alientan la larga lucha contra la impunidad

La semana pasada, el Tribunal Supremo italiano confirmó las penas de inhabilitación y cárcel dictadas a los miembros de la cúpula policial por la violencia empleada por agentes policiales contra algunos manifestantes que dormían en una escuela durante la reunión del G-8 celebrada en Génova en el año 2001. De acuerdo a los hechos, la policía irrumpió en el centro y detuvo a 93 personas, de las cuales 62 tuvieron que ser atendidas en urgencias y 28 fueron hospitalizadas.

Al mismo tiempo, la justicia argentina condenó al ex dictador Jorge Rafael Videla a 50 años de cárcel por el robo de bebés dentro de un plan sistemático ejecutado durante la última dictadura militar en Argentina. Del mismo modo, el último presidente de la dictadura, Reynaldo Bignone, fue condenado a 15 años, el ex almirante Antonio Vañek fue sentenciado a 40 años, el ex capitán de fragata Jorge Eduardo Acosta fue condenado a 30 años y el ex general Omar Riveros, a 20 años.

Esta semana, el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia reanudó el juicio contra el exlíder militar serbobosnio, Ratko Mladic, acusado de crímenes de guerra y lesa humanidad durante la guerra de Bosnia entre 1992-1995; particularmente Mladic está acusado del genocidio de casi ocho mil musulmanes varones en el enclave de Srebrenica en 1995, que entonces estaba supuestamente protegido por los “cascos azules” holandeses de las Naciones Unidas.

Aunque en Honduras los criminales de los años 80 y del golpe de Estado siguen siendo tratados como héroes, nombrados en cargos importantes dentro del actual gobierno y sobreseídos por el remedo de justicia que tenemos, los ejemplos anteriores son un signo de esperanza que tarde o temprano los violadores de derechos humanos y sus encubridores tendrán que pagar por sus delitos.

Evidentemente, los operadores de justicia que abandonaron su papel de garantes de la legalidad constitucional, al tolerar por acción u omisión las acciones de los violentos, son encubridores y corresponsables de tales crímenes, ya que “dejar pasar el delito es tanto como extenderlo en la práctica”.

Por ello, es imperativo que desde la sociedad se construya una articulación consistente que exija e impulse una profunda evaluación, depuración y restructuración del sistema de justicia, pues tal y como lo señaló la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, “el día que el Poder Judicial ampare a todos los ciudadanos con la misma eficacia que lo hizo con el general [Romeo Vásquez Velásquez], se alcanzará a ver el fin de la impunidad en Honduras”.