Son tiempos hostiles para las personas
migrantes, particularmente para aquellas que no tienen un documento que las
salve del infierno de la ilegalidad impuesta. Desde Estados Unidos hasta Europa
corren vientos de desprecio contra ellas, cuya presencia es asociada con la
violencia, el miedo, la inseguridad, la crisis económica, el desempleo y el
deterioro de los servicios públicos.
Con la grave crisis económica que azota
a los países ricos, la mayoría de gobiernos han alimentado en el imaginario
colectivo de sus sociedades que la presencia de las personas migrantes es
culpable de todas las desgracias y así, éstas se han convertido en la víctima
expiatoria de todos los males y para ellas, como lo señala Sami Nair, han
llegado “los tiempos del desprecio”.
Y estos “tiempos del desprecio” se
manifiestan en las políticas de sospecha contra el que es “diferente”, contra
el “otro”, contra quien no es parte del “nosotros”, lo cual alimenta la
arrogancia, el racismo y la xenofobia, que termina criminalizando la migración.
De esta manera, la falta de un documento, de una visa o de una tarjeta de
residencia se convierte en ilegalidad, en delito que debe ser situado y tratado
al mismo nivel que el narcotráfico y el terrorismo.
En Estados Unidos, se envían a la frontera
miles de nuevos agentes de la patrulla fronteriza a la que se le ha dotado de
aviones y helicópteros militares; se construyen y amplían los muros fronterizos
con la participación del ejército; se usan detectores electrónicos de
movimiento, proyectores potentes, telescopios infrarrojos o cables
electrónicos; y se adoptan leyes discriminatorias como la Ley 1070 conocida como “Leyde Arizona”.
En Europa, el Parlamento Europeo
aprueba la llamada “Directiva de retorno sobre inmigración ilegal” que permite
la detención administrativa del indocumentado hasta un año y medio mientras se
tramita su expulsión, y faculta la expulsión de niños y niñas inmigrantes no
acompañadas a su país de origen o a un tercer país que no sea el suyo.
En algunos países como España, se han
adoptado medidas tan radicales como la denegación de asistencia sanitaria a
quienes no tienen documentos, con lo cual se precariza aún más su situación y
se les condena a una mayor marginalidad en el goce de un derecho humano tan
fundamental como la salud.
Mientras tanto, los Estados expulsores
como Honduras, se benefician del sufrimiento de estas personas ya que su aporte
en remesas es fundamental para el sostenimiento económico del país y para
reducir el conflicto social que genera la pobreza y la desigualdad.
Así, las personas migrantes viven la
doble tragedia de ser “residuos humanos” que son expulsados de Honduras y luego
deportados por los países ricos.
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