“Una persona, un voto”, reza el
contenido de un principio básico de todo sistema democrático. Con él, se quiere
significar que el voto de cada hondureño y hondureña tiene el mismo valor, sin
importar su condición social y económica.
Bajo esta premisa se ha considerado
que nuestro país es democrático porque en teoría el voto de la señora que
sobrevive vendiendo cualquier cosa en las calles vale lo mismo que el voto de
un terrateniente millonario.
De esta
forma, el Estado hondureño se ha preocupado más por ser activo en términos electorales, invirtiendo casi mil millones de
lempiras en un proceso de elecciones primarias e internas pero se ha mantenido pasivo ante la existencia de altos
porcentajes de pobreza, exclusión social, corrupción y violencia.
Y en
vez de incrementar la inversión social en los pilares de toda construcción
democrática como la salud y la educación, adopta medidas regresivas que deja en
mayor precariedad a la mayoría de hondureños y hondureñas que ya se encuentran
en situación de vulnerabilidad.
En
este escenario, el principio de “una persona un voto” se desfigura frente a la
desesperación que produce la miseria y la criminalidad, generando una “ciudadanía de baja intensidad” en la que los sectores más excluidos no son “sólo materialmente
pobres, sino también legalmente pobres”.
Por ello no es lo mismo votar
enfermo, con hambre y sin saber leer y escribir, que votar sano, satisfecho y
alfabetizado, y aquí es el Estado el principal responsable de que todos y todas
tengamos las mismas condiciones reales de participación; sin embargo, la clase
política hondureña que ha gobernado el Estado ha demostrado con creces que son
incapaces y negligentes para responder a los intereses de las grandes mayorías.
Y
durante décadas han ignorado por completo los verdaderos problemas
estructurales del país que si fueran resueltos a través de la implementación de
políticas públicas inclusivas y tendientes al respeto y goce efectivo de todos los derechos humanos,
revertirían el proceso de deslegitimación en que se encuentran las
instituciones hondureñas.
Frente
a las propuestas políticas que han de surgir de estas elecciones primarias, la
ciudadanía debemos estar atenta a analizar cuál de ellas realmente propone y
apuesta por la democratización del Estado y de los partidos políticos, por una mayor participación de
las personas, por un mayor control de la gestión de las instituciones estatales
y por generar condiciones reales que promuevan la igualdad formal y
socio-económica.
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