Llegamos a fin de año y el panorama
con respecto a la impunidad en el país es desolador y la imposición de una
supuesta normalidad política y social que comenzó con los acuerdos de Cartagena
y el reingreso de Honduras a la OEA, ha sido sellada con el proceso electoral
como única vía de arreglo de los conflictos y de cambio social.
Mientras
tanto, el país sigue hundiéndose en el fango de la violencia, la corrupción, la
impunidad y la vulnerabilidad de los sectores más golpeados de nuestra
sociedad, y continúa siendo calificado internacionalmente
como un país en una situación altamente delicada.
Así,
el Fondo para la Paz ha ubicado a Honduras en el puesto 78 en un listado de 177
países, declarándolo al borde del “Estado fallido” y el Banco Mundial en su
último informe “Haciendo negocios” lo ubica en la posición 131 de 183 países,
declarándolo “país en riesgo”.
Detrás
de estas calificaciones se encuentra una realidad que nos confirma que las
estructuras del golpe de Estado y de la violencia estructural siguen intactas.
La
criminalidad que asesina a 20 personas diariamente; las más de 80 personas
asesinadas a causa del conflicto en el Aguán; la cifra escalofriante de 7400
menores de 23 años ejecutados desde el año 1998; las 278 muertes violentas de
niñas y mujeres sólo entre enero y junio de este año; los 33 periodistas y
comunicadores asesinados, 9 sólo en el año 2012; y a la aplicación del decreto
de amnistía a violadores a derechos humanos.
La
elaboración de un presupuesto que privilegia las armas y la violencia de la
policía y el ejército en detrimento de la inversión social; los millones de
lempiras que engrosan las cuentas bancarias privadas de los corruptos y que despoja a los
presupuestos de salud, educación, vivienda, seguridad alimentaria, empleo,
condenando a millones de personas a la muerte por hambre, por falta de acceso a
una vivienda adecuada y agua potable, por desnutrición y enfermedades curables.
Es cuestión de vida o muerte romper con esta
cultura de impunidad que nos consume y construir alianzas basadas en la
honestidad y el bien común que nos lleven a las organizaciones comunitarias, populares,
campesinas, defensoras de derechos humanos, étnicas, de género y juveniles a
iniciar un camino que conduzca hacia la construcción de un país más justo y más
compartido.
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