Si la destitución de
4 magistrados de la Sala de lo Constitucional se manejara desde los mismos
intereses, hipocresías y aberraciones jurídicas con los que se trató el golpe
de Estado de 2009, se estaría hablando de una sucesión judicial y no de un
nuevo golpe a otro poder del Estado.
El título de “Nuestra
Palabra” sería la consigna que repetiría la clase política-empresarial y sus
analistas y periodistas tarifados, y tendríamos que soportar cientos de horas
de radio y televisión, así como artículos, reportajes y páginas enteras de los periódicos
exaltando que con la sucesión judicial los diputados nos salvaron de 4
magistrados endemoniados y defensores del crimen organizado.
No obstante, los
mismos que promovieron y defendieron el golpe de Estado de 2009, ahora condenan
este nuevo atentado contra uno de los principios rectores de todo Estado de
derecho: La separación de poderes y la independencia judicial.
Desde Radio Progreso
y el ERIC también condenamos esta nueva crisis así como lo hicimos con respecto
a la del 2009, pero al mismo tiempo denunciamos que la misma sólo refleja que
el rompimiento constitucional de hace 3 años nos dejó una institucionalidad
colapsada y totalmente fallida, por lo que ya no es posible ni ético defenderla
sino que es necesario exigir una nueva institucionalidad.
Resulta categórico
que ni siquiera los 4 magistrados destituidos confían en la vieja
institucionalidad pues en vez de dirigirse al Comisionado Nacional de los
Derechos Humanos, al Ministerio Público o a la propia Corte Suprema de
Justicia, decidieron acudir al Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos
en Honduras (COFADEH) para denunciar las violaciones a sus derechos.
Pero al mismo tiempo
resulta extremadamente cínico que los magistrados denuncien que se les ha
violado el derecho a la defensa y a la protección judicial, cuando en el marco
del golpe de Estado ellos mismos no tuvieron reparo en abandonar su papel de
garantes de la legalidad al tolerar por acción u omisión las graves violaciones
de derechos humanos a manos de militares y policías, y se convirtieron en
corresponsables de los crímenes del gobierno de facto.
De los 81 recursos de amparo presentados
durante el golpe de Estado, la Sala de lo Constitucional sólo resolvió con
celeridad y diligencia 2, los presentados a favor del general golpista Romeo
Vásquez Velásquez, mientras que los 79 restantes presentados por distintos ciudadanos
y organizaciones, se enfrentaron a múltiples dificultades y dilaciones impuestas
por los mismos magistrados que se pusieron al servicio de los victimarios.
Esta nueva crisis nos
brinda la oportunidad para exigir la implementación de las recomendaciones de
la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en lo referente a que se someta a
un escrutinio independiente las actuaciones de todas las instituciones del sector
justicia frente a las violaciones de derechos humanos durante el golpe de 2009.
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