martes, 24 de junio de 2014

Desapariciones forzadas e impunidad



El 9 de junio se cumplieron 20 años de la adopción de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la cual reconoce que la desaparición forzada “constituye una afrenta a la conciencia del Hemisferio y una grave ofensa de naturaleza odiosa a la dignidad intrínseca de la persona humana”.

Para la Comisión y Corte Interamericanas de Derechos Humanos, la desaparición forzada es un delito continuado y permanente que persiste mientras no se dé con el paradero de las personas desparecidas, y constituye una violación múltiple de varios derechos humanos que coloca a la víctima en un estado de completa indefensión.

Aunque el Estado de Honduras es uno de los 15 países que han ratificado este instrumento interamericano, los familiares de las 184 víctimas de desapariciones forzadas durante la década de los años 80 siguen esperando justicia.

De acuerdo con el informe “Los hechos hablan por sí mismos. Informe preliminar sobre los desaparecidos en Honduras 1980-1993” del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, hasta la fecha ni el Poder Judicial ni otras autoridades han avanzado en una investigación seria y efectiva que permita conocer la verdad de lo sucedido y la sanción de todos los responsables.

Evidentemente, la falta de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables genera impunidad, lo cual se traduce en la repetición crónica de los hechos.
Por ello, no es de extrañar que a partir del golpe de Estado se denuncie la desaparición forzada de más de 20 personas por motivos políticos y de un número indeterminado debido a la violencia generada alrededor del crimen organizado.

En este sentido, el vigésimo aniversario de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas es una oportunidad para que el Estado de Honduras renueve categóricamente su compromiso de investigar las desapariciones forzadas de los años 80 y sanciones efectivamente a todos los responsables.

A su vez, como sociedad exigimos la erradicación de esta grave violación a derechos humanos que sigue enlutando a miles de familias en Honduras y que continúa demostrando que el Estado hondureño es un lobo artificial que asesina, tortura y desaparece.

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