“Los niños van a ser devueltos a sus países” dijo categóricamente el
vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, refiriéndose a miles de niñas y
niños salvadoreños, hondureños y guatemaltecos que han emigrado sin documentos
hacia el país del norte.
Este flujo migratorio
no es nuevo. De acuerdo con un informe del Comité sobre Migración de
la Conferencia de Obispos Católicos de los EEUU, entre 2004 y 2011 la media de
menores detenidos en la frontera EEUU-México era de 6 mil 800, en
2012 pasó a 13 mil, en 2013 a 24 mil 493 y para 2014 se estima que ese número
llegue a 60 mil. En lo que va de octubre de 2013 a 2014 la cifra ha alcanzado
los 47 mil.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados ha señalado que más de la mitad de los niños y niñas huyen
de sus países debido a la violencia provocada por la presencia de 920 pandillas con
aproximadamente 70 mil miembros en la región y por los cárteles de la droga.
Hay
evidencias de persecución y reclutamiento de niños y niñas por parte de las
bandas del crimen organizado; en el caso de Honduras, la violencia se ha
ensañado contra nuestra niñez y juventud, tal y como lo revelan los informes de
Casa Alianza que desde febrero de 1998 a marzo de 2014 ha registrado la
ejecución de 9291
niñas, niños y jóvenes menores de 23 años.
Sin duda
alguna, era previsible que esta crisis humanitaria alcanzaría los niveles
actuales, no obstante, los gobiernos centroamericanos, particularmente el
gobierno hondureño ha reaccionado tardíamente y sin darle la importancia debida
a la atención integral de nuestra niñez y juventud.
Para muestra
un botón, mientras los presidentes de Guatemala y El Salvador asistían a una
reunión con el vicepresidente Joe Biden para buscar una salida colectiva a esta
crisis, el presidente hondureño se excusaba porque se encuentra en Brasil
viendo los partidos de la selección nacional de fútbol.
Pero además,
mientras el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia señala “que es muy
importante la protección de los niños y las niñas en su lugar de origen para
que no se vean obligados a irse”, el gobierno de Juan Orlando Hernández decidió
desaparecer el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA) y crear una instancia de menor categoría llamada Dirección
General de la Niñez que hasta el momento ni siquiera tiene presupuesto.
Es evidente
que el gobierno hondureño no tiene el más mínimo interés en atacar las raíces
que provocan el desplazamiento forzado de niños y niñas, pues en vez de
fortalecer la institucionalidad especializada en niñez para lograr su
protección integral, la desaparece y plantea la militarización del país como la
única estrategia para resolver las diferentes crisis que nos agobian.
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