El pasado 17 de marzo, el Estado de Honduras se sometió nuevamente ante el Consejo de Derechos Humanos para revisar sus avances en la implementación de las 129 recomendaciones hechas por este órgano de la ONU en el marco del Examen Periódico Universal que se desarrolló el 4 de noviembre de 2010.
En el examen de noviembre, el Consejo manifestó su profunda preocupación por el asesinato de periodistas, las restricciones a la libertad de expresión, los femicidios, los asesinatos contra miembros de la comunidad LGTB, las amenazas, hostigamientos y asesinatos contra la oposición política, el despedido de jueces y magistrados opuestos al golpe de Estado y al alto nivel de impunidad existente en el país. De forma unánime, el Consejo mostró su inquietud por la falta de medidas efectivas para investigar de manera imparcial e independiente las violaciones a los derechos humanos cometidas a partir del golpe de Estado y por la falta de sanción a los responsables de las mismas.
En la revisión del 17 de marzo, el Estado, a través de la Ministra de Derechos Humanos, tuvo que reconocer “que la situación de los derechos humanos en el terreno no ha mejorado considerablemente desde el mes de noviembre al día de hoy” aunque señaló que el régimen tiene un compromiso permanente para mejorar al respecto.
Como ejemplo de ese compromiso, el Estado presentó como grandes logros una serie de reformas a las leyes, algunas de ellas aún no realizadas, que aunque puedan ser positivas, no sirven de nada si quienes tienen que aplicarlas son las mismas instituciones deslegitimadas que ejecutaron y apoyaron el golpe de Estado y las consecuentes violaciones a los derechos humanos; no obstante, no quiso decir nada sobre las cuestiones sustanciales de la situación en el país, tales como la profundización de la impunidad, la inexistencia de investigaciones imparciales y efectivas para sancionar a los responsables policiales, civiles y militares de las graves violaciones a los derechos humanos, y del compromiso de este régimen con los victimarios, a quienes los ha declarado héroes nacionales, los ha promovido profesionalmente y los ha nombrado en puestos importantes de varias instituciones del Estado.
El doble discurso del régimen actual es tan evidente que no sólo intenta dar una imagen conciliadora y de respeto a la dignidad humana ante la comunidad internacional, sino que también deshace con los pies lo que dice con la boca pues irónicamente mientras sus representantes manifestaban su compromiso por la búsqueda de una mejora sustancial en materia de derechos humanos, la brutalidad policial y militar disolvía a sangre y fuego las manifestaciones pacíficas de la población que terminó con la vida de la profesora Ilse Ivannia Rodríguez Velásquez, hermana del detenido-desaparecido Manfredo Velásquez Rodríguez, caso por el cual el Estado de Honduras se convirtió en el primer condenado en el continente por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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