Washington DC, 30 de marzo de 2011 — La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifiesta su preocupación ante una serie de agresiones que han sufrido comunicadores hondureños durante el mes de marzo del presente año. La Relatoría Especial insta al Estado hondureño a investigar estos hechos y a garantizar la vida y la integridad de las personas amenazadas y agredidas.
De acuerdo con la información recibida, el 25 de marzo agentes policiales habrían disparado bombas de gas lacrimógeno contra el reportero de Canal 36-Cholusat, Richard Casulá, y el camarógrafo Salvador Sandoval, cuando cubrían la respuesta policial a una manifestación de educadores en Tegucigalpa. Sandoval fue herido en la cara y Casulá quedó intoxicado por la inhalación de los gases. El 22 de marzo, la Policía también habría agredido a la periodista Lidieth Díaz, al camarógrafo Rodolfo Sierra, de Canal 36-Cholusat, y al director de Radio Globo, David Romero, mientras conversaban con un grupo de profesores. En otro incidente, según lo informado, el 21 de marzo agentes policiales habrían disparado bombas de gas lacrimógeno y balas de goma a la periodista Sandra Maribel Sánchez, directora de Radio Gualcho, y al camarógrafo de Globo TV, Uriel Rodríguez, cuando cubrían un desalojo de maestros, en Tegucigalpa.
A estos hechos se suma el ataque a balazos contra el director de la radio comunitaria La Voz de Zacate Grande, Franklin Meléndez, quien fue herido en una pierna el pasado 13 de marzo. Según lo informado, ese día dos hombres reclamaron a Meléndez su cobertura de conflictos por tenencia de la tierra en la zona y uno de ellos le disparó. Además, reporteros de La Voz de Zacate Grande habrían recibido recientemente serias amenazas de muerte, por lo que han solicitado medidas cautelares de protección.
La Relatoría Especial manifiesta su preocupación por estos hechos que se suman a las graves agresiones y homicidios cometidos contra periodistas en este país durante el 2010 y recuerda que el Principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala: "El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".
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